El salario docente cayó un 13% durante 2020

En marzo de 2020, el salario del docente del cargo inicial estaba en la Provincia en $24.865, y el valor de la canasta básica total que mide la línea de pobreza, en $41.994,86. Así, un salario de un maestro que está en la base de la pirámide salarial podía alcanzar el 59,21% del valor de esa canasta. Pero en diciembre último, con una inflación anual que superó el 36%, ese salario está en igual monto que a principios de año –sólo se agregaron sumas en negro- mientras que la canasta trepó a $53.846,63. De ese modo, un salario de un maestro sólo alcanza al 46,18%, con una pérdida del 13,03%.

Esos montos, claro, no incorporan las sumas fijas en concepto de Fondo de Incentivo Docente ni el bono que pagó el Gobierno durante el último trimestre de 2020.

El dato fue elaborado por los dirigentes docentes que conforman el Grupo de Análisis Gremial (GAG), y que integran Francisco Nessmann, de la Agrupación Ñandubay que conduce la seccional Federal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Pedro Gutiérrez, de la Lista Blanca, que lidera la seccional Victoria; y por el uruguayense Luis Fernández, exmilitante de la Lista Celeste del gremio docente. «Claramente estamos ante un complejo escenario de negociación salarial que se aproxima para estas semanas -señala el informe que produjeron, de cara a la apertura de la paritaria, el miércoles 27-. Tiempos que serán clave para poder determinar hasta qué punto el Gobierno Provincial va a reconocer la pérdida del poder adquisitivo del salario docente, en particular, y de los trabajadores estatales en general».

El trabajo destaca que «la inflación 2020 cerró con un porcentaje que ronda el 36,1%, de promedio general, pero que, en la zona en la que está comprendida Entre Ríos, fue del 37,9%». Y resalta que en un año «en el que el contexto provincial, nacional e internacional se vio cruzado por una pandemia, es interesante mencionar que fueron los trabajadores quienes han sostenido cada una de las actividades que se vieron afectadas por dicha situación». En el sector educativo, agrega, los docentes tuvieron que «improvisar y adaptarnos a una realidad para la cual no estábamos preparados, con una marcada ausencia del Estado, y, sin embargo, lo conseguimos, con las limitaciones de cada caso en particular que se dieron en diferentes situaciones, ya sea por falta de recursos tecnológicos, por ausencia de conectividad, entre otras circunstancias que afectaron el desarrollo de las actividades pedagógicas».

Pero ese esfuerzo, señala el informe, no fue acompañado con una mejora salarial para el docente. «A pesar de que los costos por el uso de los celulares, internet, material impreso, etcétera, iban en aumento, desde el Gobierno se mantuvo una actitud de pasividad ante la escalada de precios que cada vez impactaba más y más en el bolsillo de los docentes», dice el análisis firmado por Nessman, Gutiérrez y Fernández.

Luego de cuestionar la sanción de la Ley de Emergencia Solidaria, la eliminación del 3×1 en la Caja de Jubilaciones y el impacto de la inflación, concluyen: «Los montos en negro, o sumas fijas, que se otorgaron en el último trimestre del 2020, no compensaron ese desfasaje entre salarios e inflación. Pero, además de ser insuficientes, dejaron una suerte de marca negativa, ya que todos sabemos que este tipo de pagos no genera ningún tipo de aporte previsional (a la Caja de Jubilaciones), ni a la obra social Iosper, produciendo un desfinanciamiento de ambos organismos, y, además, achatando el escalafón docente, ya que no se respeta ni la antigüedad ni los cargos, situación similar a la del Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)».

Sin recomposición salarial y con una política salarial basada en sumas fijas, «el sector docente pudo constatar que los salarios cayeron abruptamente, impactados por la inflación y no tuvieron, como en 2019, un correlato en una cláusula gatillo que compensara la evolución de los precios. La patronal apeló a esta situación amparándose en el argumento de la pandemia, pero olvidó, intencionalmente, que la misma también nos afectó a los trabajadores y jubilados».

«Uno de los aspectos más criticables de la política salarial con la que el Gobierno quiso disfrazar su ausencia de recomposición salarial», dice el Grupo de Análisis Gremial respecto de las sumas fijas. Y agrega: «La Constitución de la Provincia de Entre Ríos, en el Artículo 82, inciso d), claramente establece que, a partir de la sanción de la Constitución, ´todo incremento salarial debe estar sujeto a aportes y contribuciones…´, por lo tanto esas sumas en negro fueron inconstitucionales, pero, para complicar aún más el panorama, al abonarse con esta modalidad, y no tener los descuentos de Ley, producen un vaciamiento directo de los aportes que deberían girarse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, y, además, a la Obra Social Iosper, viéndose ambos organismos perjudicados por esta decisión política del gobernador Bordet».

«Otro de los efectos negativos que producen las sumas fijas es el achatamiento en el escalafón docente -apunta-. Esto se explica en función de los cargos y la antigüedad que cada trabajador y jubilado tiene: es decir, recibe un monto similar quien recién comienza a trabajar como aquel docente que ya tiene 24 años de antigüedad, o un docente de grado que un Director de Escuela. Este avance sobre nuestro escalafón y nomenclador, genera una distorsión que como sindicato no debemos permitir».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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