Sobre sueldos y funcionarios

ESCRIBE CARLOS MATTEODA (DIARIO UNO DE ENTRE RÍOS). Castrillón. La respuesta capciosa sobre su salario del juez supremo demanda una definición sobre por qué algunos sueldos que paga el Estado equivalen a 20 salarios de otros trabajadores o 40 jubilaciones mínimas

Esta semana el presidente del Superior Tribunal de Justicia tuvo expresiones que echan luz a una situación de la que, en general, los políticos prefieren no hablar. En una entrevista radial con Antonio Tardelli y Sebastián Martínez se refirió a los sueldos de los jueces y de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, haciendo alusiones a la inequidad de sus montos, al igual que a la diferencia de condiciones requeridas para ejercer esos cargos. También, tangencialmente, pareció aludir al origen del patrimonio de algunos funcionarios; y finalmente a la responsabilidad política del oficialismo entrerriano frente a este contexto. El presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, fue consultado sobre el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Poder Ejecutivo Nacional de 4.000 millones de pesos para aumentar los sueldos del Poder Judicial, lo que implicaría cerca de un 69% de incremento en poco más de un año. En Entre Ríos rige la conocida como “ley de enganche”, que dispone el aumento automático de los sueldos del Poder Judicial provincial cuando se decide un incremento en el Poder Judicial nacional. El funcionario respondió: “Yo lo único que quiero es cobrar lo mismo que un director o síndico de Enersa o el fiscal de Estado”. Y agregó: “Porque considero que yo cumplo una función más importante que la que cumple el representante jurídico del Estado. Fíjese cuánto gana el síndico y el fiscal de Estado, quiero ganar eso. Creo que me merezco eso”. En el mismo sentido, tras minimizar la eventual suba de sueldos del Poder Judicial entrerriano, aseguró que si se lo compara con el de algunos funcionarios del Ejecutivo provincial, su sueldo está “bastante atrasado todavía”. Poco importa si los dichos del jefe de la institución de los ojos vendados son los de un dirigente político que es un outsider a la hora de hablar por los medios. O sin son los dichos de un magistrado que al no provenir de las tradicionales familias judiciales entrerrianas se permite plantear públicamente el tema del vil dinero, del que otros jueces “serios” no hablan en público, haciéndolo como una suerte de reivindicador desde “la política” de posturas que siempre se plantean como diferenciaciones entre los políticos que se desempeñan en los poderes Legislativo y Ejecutivo –que deben someterse a la voluntad popular cada cuatro años– y los que se desempeñan en el Poder Judicial, que gozan de una estabilidad in aeternum. (Me han dicho que una cita en latín, por pequeña que fuera, siempre queda bien, especialmente cuando se habla del Poder Judicial). O si, finalmente, y siendo lo menos probable, el presidente del tribunal no pensó demasiado lo que decía y dejó fluir llanamente su demanda gremial. Cómo sea allí está su demanda. Expuesta con aspereza, impudicia o tal vez con sinceridad. Aseguran que el sueldo en bruto de Castrillón es de 570.000 pesos, y que esa cifra en el bolsillo se reduce a 460.000 pesos. ¿Cuánto ganará entonces el fiscal de Estado y síndico de Enersa para que el supremo reclame en los medios que quiere ese sueldo y no el que tiene ahora? Castrillón dijo que quiere ganar lo que gana el fiscal de Estado y síndico de Enersa porque su trabajo vale incluso más que el de Julio Rodríguez Signes, al igual que el de otros funcionarios. Alguno podrá suponer que al preguntar públicamente, en un medio de comunicación, sobre los sueldos de los funcionarios que Castrillón puso en el tapete, se está siendo funcional a la embestida –que no es la primera– del jefe del Poder Judicial contra el fiscal de Estado. Primero habría que decir que Castrillón viene sosteniendo desde hace tiempo que el fiscal de Estado “no puede hacer control de empresas del Estado” porque es “manifiestamente incompatible” con su rol principal. Se refiere así a la sindicatura de la distribuidora eléctrica y de Sidecreer. No es cualquier opinión, sino la del presidente del STJ. Rodríguez Signes ha respondido también varias veces que no polemiza con el magistrado, lo cual también se entiende si simplemente se queda callado. Igual no se conoce que pese sobre el fiscal una prohibición de responder, por lo que uno supone que no lo hace porque entiende que esa es la actitud más conveniente. Por lo demás, no es responsabilidad del periodismo sino de la política que Castrillón ejerza el rol que ejerce, pero poner en cuestionamiento sus expresiones es parte del ejercicio periodístico, lo que no implica invalidarlo por su confeso origen partidario como hacen algunos dentro del palacio al hablar de quien fue legislador justicialista mucho tiempo. Es más, en defensa suya podrá decirse que todos los integrantes del cuerpo llegaron de alguna manera por la vía política partidaria, y que aquellos que luego adquirieron un cariz más técnico (mediante la emancipación de lo partidario) no han sido siempre los más prolijos. Verbigracia un juez que desempeñó la presidencia del cuerpo por varios períodos fue enjuiciado por faltas tales como cobrar sin trabajar, por viaticar a dos manos, incluso cuando debió viajar a Buenos Aires para someterse a un ADN ordenado por otro juez a raíz de una demanda de filiación, porque el supremo se negaba a reconocer una hija… finalmente el mencionado ciudadano renunció al cargo para evitar la destitución y acogerse a la millonaria jubilación de vocal del STJ. ¡Un aplauso para el asador! Después de eso, lo de Castrillón parece poca cosa... Poca cosa, claro, visto desde el Palacio. No es poca cosa que se discutan por radio, y se rechacen por bajos, sueldos de medio millón de pesos cuando buena parte de la población sufre hambre o cuando los excluidos del sistema terminan muchas veces presos por ser parte del narcomenudeo, situación en la que en algunos casos cayeron a falta de una salida laboral y (supongo yo) tal vez influenciados por una relativización de los valores éticos. Llama la atención que cuando existe un cuestionamiento serio a estas remuneraciones, los beneficiados suelen explicar que así lo determinan “las leyes”, atribuyéndole a estas normas una so lemnidad que por poco nos lleva a pensar que ya estaba escrito en las tablas de Moisés cuánto deben cobrar los jueces y funcionarios entrerrianos. Sin embargo, se trata de leyes confeccionadas por los legisladores que la gente vota en listas sábana; esos que tienen su prestigio por el suelo: que resultan absolutamente influenciables, especialmente a la rosca partidaria; son ellos los que hicieron esas leyes y los que las pueden cambiar. Claro que en caso de entender el Poder Judicial (al que algunos llaman la Justicia) que un cambio de esa naturaleza afectaría sus derechos adquiridos –pues parece que existe el derecho adquirido a cobrar 20 veces más que un maestro o 40 veces más que un jubilado–, fallarán (entendido como dictar sentencia) resguardando esa remuneración privilegiada. Defender remuneraciones judiciales elevadas (en comparación con el sueldo del grueso de los empleados públicos) con el argumento de que siendo bien pagos los magistrados no estarán expuestos a la tentación de la corrupción, tiene sus riesgos. Por un lado, puede significar que se le atribuya al dinero la capacidad de mejorar a las personas que ejercen el rol de jueces, al menos una capacidad mayor que la de su compromiso con el valor justicia. ¿Por qué no pensar entonces que cuanto funcionario maneje temas sensibles a la corrupción, o de singular importancia para la vida de las personas, debe también ganar igual que los jueces? ¿Alguien sabe cuánto gana el técnico que analiza la calidad del agua potable que bebemos? ¿O es que a ese trabajo ya no lo hace un funcionario público? O ¿por qué no pensar tal vez que la pena impuesta por un delito debería ser menor para los pobres, los que tienen menos de eso que mejora a las personas? Está claro que este párrafo marca límites imprecisos a la discusión, pero en todo caso sirve para expresar que la lógica judicial, la del Palacio, no siempre explica la vida de los que arañan con su sueldo la canasta básica, o viven en la pobreza o sufren el desempleo. Tampoco es poca cosa que el máximo referente de la estructura judicial se permita hacer insinuaciones (comprensibles desde la política, por cierto) sobre las actividades privadas del fiscal de Estado. “¿Qué imposibilidad tiene el dueño de corralón, de camiones, de hoteles de ejercer el comercio?”, se preguntó Castrillón con un dejo de ironía, tocando disimuladamente la fibra que otros excitan sin disimulo en los mentideros políticos cuando el tema alude a las supuestas numerosas propiedades del fiscal y al origen de ese patrimonio. ¿No es Castrillón también comerciante? ¿O qué destino le dan a la hacienda que se cría en islas que son presuntamente de su propiedad? Esas islas en la zona de San Javier por las cuales se lo ha acusado incluso de usurpación. Claramente no estaba quejándose Castrillón por la imposibilidad de ejercer el comercio, que es dable suponer que sigue ejerciendo por interpósita persona. Un mal pensado se inclinaría a ver en sus dichos una referencia a los negocios de la política. “Ustedes pueden dar clases”, le indicó el periodista. “¿Clases de qué?¿De 2,40 (pesos)?”, preguntó el supremo, revelando conocimiento de la situación de la docencia. Una última cuestión –sin pretender agotar el contenido de la entrevista– está referida al planteo de Castrillón sobre la actitud del Poder Ejecutivo y, podría entenderse, de la política frente a estas cuestiones. “¿Por qué quiere cobrar lo que cobra Rodríguez Signes?”, le preguntaron. “Yo considero que valgo eso. Si el gobernador quiere que haya funcionarios que ganen más que él, problema de él”. El vocal del STJ mencionó otros cargos de la estructura estatal como lugares donde se pagan salarios privilegiados. Entre ellos la remuneración del titular del Ente Provincial Regulador de la Energía; del secretario Legal y Técnico de la Gobernación; y de los directores de Enersa, del Instituto del Seguro o de Sidecreer. ¿Qué podría hacer el poder político frente a este planteo, partiendo de la base que hacer silencio es convalidar la situación actual? ¿Debería el gobierno provincial dar a conocer esos sueldos? ¿O los salarios de los funcionarios que superen, por caso, las cuatro canastas básicas del Indec (unos 150.000 pesos)? ¿Es coherente con una política de austeridad que existan esos sueldos en cualquiera de los poderes del Estado? ¿No le deben a la sociedad una explicación, o de lo contrario una regulación de los salarios, que acerque ese mundo de sueldos elevados a la realidad de la mayoría de la gente? Castrillón no dijo cuánto cobra el fiscal y síndico de Enersa, ni cuánto cobran otros funcionarios privilegiados. Tampoco dijo que quiere discutir el sistema, ni cambiarlo. Simplemente quiere ser el que más cobra.