Mientras oficializaba el ajuste, Bordet designó a 44 nuevos funcionarios el mismo día




El Portal accedió a la nómina completa escondida bajo siete llaves: la caradurez no encuentra ningún tipo de límite en el gobernador, tampoco la insaciabilidad de seguir costeando sus compromisos políticos  a pesar de que las arcas no dan más, total pagan los trabajadores y jubilados.
El pasado 1° de julio, fue un día nefasto para el justicialismo entrerriano, el mismo día que se recordaba la partida de uno de los dos máximos exponentes del sello, el General Juan Domingo Perón, los diputados peronistas le daban media sanción al terrible ajuste de autoría del gobernador Gustavo Bordet.
Una sesión vergonzosa, donde se pudieron escuchar declaraciones de diputados que hablar de “las bondades” de la iniciativa, de “la solidaridad”, de la “magnanimidad” de gobernador que le iba a sacar a los ricos para darle a los pobres.
El esfuerzo que hicieron legisladores como Ángel Giano, Julio Solanas, José Cáceres, Néstor Loggio, Stefania Cora, Juan Huss, entre otros, para convencer a los ciudadanos de que no era un ajuste, fue más que notorio.
Palmario, aunque infructuoso, absolutamente ningún entrerriano y ninguna entrerriana les creyeron.
Del propio texto se leí el ajuste, congelándose para todos los trabajadores las paritarias, cómo también aumentando el aporte previsional, y, lo más grave, obligando a los que ya aportaron, a los jubilados, a aportar de nuevo.
Todo vale para el Gobierno si la excusa es “la solidaridad”, con el dinero ajeno, claro está.
Pero sin dudas de los discursos que aún más resuenan por la indignación que provocó en la ciudadanía, el de Loggio primerió en el podio.
Sostuvo el diputado de pasado frepasista convertido en peronista por la intervención divina de Bordet, que el gobierno provincial de destacaba por sobre el resto por la escasísima cantidad de funcionarios políticos en la gestión.
La defensa no fue casual, la sociedad toda conoce, sabe, y se queja de las constantes designaciones que ha realizado Bordet, durante su primer mandato, y mucho más en el actual.
A pesar de que para el diputado los funcionarios no superan los 600 (según sostuvo, muy falazmente), lo cierto es que en estos 7 meses de su segunda gestión, el mandatario ya supera los 1200 cargos políticos creados.
La realidad, lógicamente, en la Casa Gris, contrasta sobremanera con la emergencia económica y financiera que provocó Bordet y que se agudizó con la pandemia.
Una Provincia con emergencia económica, financiera, previsional, administrativa, fiscal, alimentaria, sanitaria, y demás, no puede darse el lujo de mantener más de 1200 funcionarios.
Esta es la reforma o el ajuste que le pide la ciudadanía al gobernador, pero no la escucha.
Para colmo, en la previa a la nefasta sesión en la cámara baja aprobando el ajuste, el gobernador, muy lejos de aminorar la carga de sus compromisos políticos, otra vez echaba mano a las designaciones.
Y no una, ni dos, ni tres, no diez, sino 44 nuevos funcionarios y funcionarias que también deberán costear los bolsillos de los trabajadores y jubilados.
Así surge del decreto 396 que las fuertes versiones indican que fue antedatado y  lleva la firma del mandatario provincial.
La hipótesis que circula en la Casa Gris presenta asidero, desde la fecha supuesta del decreto, a la actualidad, no existe un solo registro en el boletín oficial de que el mismo se haya publicado.
Todos estos, con el rango de coordinador, cargo ideado por esta gestión provincial para justificar el desenfreno en las designaciones.
Claro, cómo director ya existe, y generalmente hay uno por área, lo mismo que subdirector, secretario y subsecretario, la calidad de “coordinador” permite la multiplicidad en el mismo puesto.
Para mostrarse “austero”, estableció que los cargos eran “ad honoren”, sin embargo, a continuación, en el artículo 2, dispuso que cada uno cobre mensualmente el equivalente de 700 litros de nafta super.
Haciendo cálculos, y conforme a los precios de mercado, los 44 flamantes coordinadores de juntas y comunas le saldrán a las arcas públicas una cifra cercana a los 2 millones doscientos mil pesos.
Al año, casi 27 millones de pesos, y lo hace de manera solapada, ocultando, ya que el decreto ni siquiera fue publicado en el boletín oficial, una medida más que el mandatario adopta a favor de la corrupción.
En plena emergencia y desarrollándose una embestida atroz contra los estatales, el gobernador destinará casi 27 millones en una nómina de 44 nuevos funcionarios.
La nómina de los flamantes coordinadores de juntas de Bordet:
1.- Balbi, Hugo Raul
2.-Rubattino, Guillermo Juan Jose
3.- Acosta, Marcos Gabriel
4.- Barreto, Hector Gregorio
5.- Bon, Domingo Isidoro
6.- Rey, Sergio Gabriel
7.- Schvindt, Monica Susana
8.- Chemez, Luis Hector
9.- Nuñez, Javier Marcelo
10.- Salas, Olga Cristina
11.- Benedetto, Roque Guillermo
12.- Rodriguez, Aníbal Carlos
13.- Scherrer, Ángel Antonio
14.- Rivarola, Mario Hernán
15.- Ferreryra, Gerardo Ramón
16.- Villanova, Joaquín Rafael
17.- Rey, Adriana Gabriela
18.- Bochaton, Héctor Aníbal
19.- Enrique, Enrique Aníbal
20.- Meda, Pedro Eugenio
21.- Paredes, Juan Rogelio
22.- Rostan Sarasola, Damián Mauricio
23.- Percibaldi, Horacio Francisco
24.- Cañete, Juana Estela
25.- Káiser, Rubén Gregorio
26.- Dominguez, Nelson Nahuel
27.- Paez, Walter Darío Ceferino
28.- Sola, Ubaldo Nicolás
29.- Kloster, Alberto Ignacio
30.- Martinez, Miguel Ángel
31.- Wallingre, Salvador
32.- Puig, Jonathan María
33.- Butus, Graciela Raquel
34.- Schanzempach, Marcelo Ramón
35.- Cersofios, Silvia María
36.- Segovia, Juan José
37.- Sione, Oscar Aníbal
38.- Puntin, Oscar Alcides
39.- Herrera, Juan Manuel
40.- Minchiotti, Edgardo Dario
41.- Gomez, Rodrigo Nazareno
42.- Corona, María del Carmen
43.- Samacoits, Eduardo Miguel
44.- Rausch, Rodrigo Nicolás

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Cambiemos cuestionó la designación de 44 funcionarios

El bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio cuestionó el dictado del decreto Nº396, del 20 de marzo último, por medio del cual el Poder Ejecutivo dispuso la designación de 44 nuevos funcionarios políticos como coordinadores departamentales de Juntas y Comunas. Los legisladores de la oposición manifestaron la “alarma y rechazo a la medida, ya que en el marco de una gravísima situación financiera en la que se encuentra el Estado Provincial, el Poder Ejecutivo continúa con la incorporación desmedida de funcionarios políticos”.

La situación derivó en la presentación de un pedido de informes por parte del diputado Julián Maneiro (Juntos por el Cambio), autoría del diputado Julián Maneiro, que observó que a “lo polémico de haber incurrido con nuevos nombramientos de funcionarios pese a la declaración de la cuarentena, se suma que la norma por la cual se procedió a la designación no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, evitando de ese modo el conocimiento en tiempo y forma del Decreto en cuestión”.

Maneiro pidió conocer “las funciones, tareas y lugar de prestación de servicios específicas de los “coordinadores departamentales de Juntas de Gobierno», por un lado, y de los «coordinadores departamentales de Comunas”.

También pidió saber “si se ha tenido en cuenta a la hora de proceder a estas 44 designaciones que las finanzas públicas de la Provincia revisten la situación de Emergencia, y que en la actualidad las recientemente creadas Comunas cuentan con funcionarios remunerados que a diario desarrollan las tareas que le competen a estos gobiernos locales”.

“Nos parece fundamental conocer las razones de la no publicación del decreto en el Boletín Oficial. Y nos preguntamos si se han designados otros Coordinadores de Juntas y de Comunas – además de los incluidos en este decreto, y en tal caso, mediante cual o cuales decretos”, agregó.

Respecto del costo de esas designaciones, el legislador hizo notar que los funcionarios fueron designados en el cargo con caracter ad honorem, pero se les reconoce un pago mensual, a cada uno, de un monto equivalente a 700 litros de nafta súper, que hoy implica un pago de alrededor de $42.000. “Nos preguntamos si ese reconocimiento de gastos de $ 42.000 mensuales se hace previa rendición de gastos, y qué rubros o gastos están incluidos. No sabemos cómo se realiza ese control, y si resulta ser el Director General del Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno y Justicia el responsable financiero del sistema”.

“Considerando que el gasto anual de esos 44 funcionarios políticos ascenderá, al menos, a $ 22.176.000, nos preguntamos si no se ha considerado en este contexto de emergencia sanitaria, destinar esos recursos a las Juntas y Comunas para hacer frente a gastos”, señaló Maneiro.

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