Aumento docente: la gran contradicción
















Por María Alejandra Gómez (*)

El transcurrir de varios congresos de Agmer, acompañados de distintos movimientos para dilatar decisiones (bajo la premisa de emplazar) ha permitido ver la convivencia de dos posturas muy claras en cuanto a la resolución del conflicto salarial.

 

Por un lado, quienes desde una mirada excesivamente tecnocrática pretenden presentar la oferta salarial mediáticamente escenificada, e incluso reclamando el esfuerzo de los trabajadores para que “comprensivamente” la consideren dado el grado de generosidad de la misma como si fuera la panacea.

 

Por el otro, quienes desde el doble posicionamiento del conocimiento y la realidad demuestran que tanto los montos como los porcentajes de dicha oferta salarial contienen lo virtual en tiempo y forma de la misma.

 

En el medio, los trabajadores de la educación que saben desde el bolsillo, desde el día a día, desde el saber que todo lo que perdieron en el año pasado no lo están recuperando y menos aún visualizan sobrevivir durante el corriente año.

 

Así, es dable decir que los esfuerzos de aquellos por presentar y convencer de lo primero se caen a pedazos cuando se aplica un mediano conocimiento y, peor aún, cuando se traslada a la realidad del bolsillo laboral y familiar del docente.

 

La primera diferencia de análisis la genera la propia propuesta en sí misma, dado que para tomar el porcentaje de aumento ofrecido y ya liquidado, lo hace tomando un período anterior a los montos en negro e ilegales que otorgo a fines del año 2020.

 

Dicho de otra manera, toma el salario de “septiembre” de 2020 que era lo mismo que decir el salario diciembre 2019.

 

La segunda diferencia de análisis. El supuesto 15% que valoran como aumento liquidado en febrero 2021 fue, en realidad, un aumento del 15% sobre el salario diciembre 2019, mientras todo el año 2020 perdimos el 36,1%.

 

Es decir, se preocuparon claramente de aplicar un porcentaje anterior al pago de los montos en negro otorgados de octubre a noviembre 2020 y prorrogados a enero 2021.

 

La tercera diferencia de análisis está dada en que el Gobierno solo remuneró los montos en negro del año 2020 (que iban desde $4.000 a $3.000 descendentemente). Expresado en otros términos, ese “blanqueo” no fue al escalafón docente, sino a distintos grupos de salarios.

 

Es dable decir que se movió la aguja del salario inicial, pero no equitativamente de la carrera docente.

 

La cuarta diferencia de análisis. El Gobierno cerró administrativamente la paritaria de forma unilateral con la liquidación de  febrero. Dicho en otros términos, a febrero 2021 la docencia había perdido el 36,1% del 2020 con apenas un 15% de aumento respecto de salario de diciembre 2019 con solo el blanqueo de los montos en negro que, en el bolsillo significaban menos aún por los descuentos.

 

Esto se debe claramente a que en Entre Ríos nunca se fijó un mínimo de salario inicial que, solo en febrero, estaba más de $22.000 debajo de la línea de pobreza (CBT)

 

La quinta diferencia de análisis. Creemos, entre tantas diferencias de análisis positivos, la peor es la que convoca a nuevas negociaciones salariales fijando ese salario de febrero como el “tópico” de la misma.

Hablando en lenguaje básico de lo salarial: el aumento que ofrece a mayo 2021 es del 5% del salario de febrero (no el de abril

 

 

Con esto solo llegaríamos a un 20% en el primer semestre para el escalafón.

Pero lo peor es que a julio, el 10% es también al mes de febrero, (no junio); el de septiembre también es el 10% de febrero (no de agosto) y noviembre, el 10% de febrero (no de octubre).

Para que nos entendamos, la propuesta salarial se ofrece sobre febrero a los meses restantes, mientras la inflación se mueve con sus porcentajes desde el mes inmediato anterior, no desde l inflación de febrero.

 

 

He aquí la gran contradicción de la postura que intenta sobrevalorar la propuesta salarial dado que, lo que el Gobierno liquidó en febrero  claramente fue expuesto que no representaba porcentaje que intentaba referenciar el Gobierno (un 33%), sino solo el mencionado 15% a lo que se sumaba el blanqueo  de montos en negro.

Sin embargo hoy, esa misma liquidación de febrero es la que se intenta poner de base para esta nueva propuesta anual lo que hace necesariamente partir de una premisa (o valor) que no es verdadero para alcanzar una valoración final favorable.

 

Dicho desde la lógica, jamás se puede alcanzar una conclusión verdadera partiendo de una premisa falsa.

 

La profunda diferencia está sustentada claramente en las grandes diferencias numéricas y porcentuales que se intentan sostener en la actual propuesta del Gobierno, como en las implicancias finales de la misma que tienen que ver con la consecuencia creciente de pérdida de poder adquisitivo del salario docente dentro de un proceso que no se detiene.

 

Por un lado y como dijimos anteriormente, es nada más que el 35% para lo que resta del año sobre la base de cálculo del salario de febrero, que había tenido un 15% sobre el salario de diciembre 2019 más la remuneración de los montos en negro previamente otorgados. A esto se agrega que los porcentajes ofrecidos se segmentan de tal manera durante el año que un posible monto final se daría recién con los haberes de noviembre de 2021.

 

Entre  tanto, el salario docente había perdido entre un 14% y 16% en el año 2019 que nunca fue reivindicado a inicios del año 2020 por el Gobierno.

Y en el transcurso del año tampoco hizo nada para cubrir el 36,1% de inflación.

 

En síntesis y linealmente, podemos decir que el salarid Docente entre 2019/2020 perdió aproximadamente entre el 50,1% y el 52,1%.

 

Así también linealmente hablando y sin demasiados vericuetos, la oferta salarial segmentada alcanzaría, sumando entre el 15% de febrero y el 10% de noviembre, un 55% total, recién a finales de este año.

 

Y sabiendo que la oferta salarial no es acumulativa (no toma el valor del mes anterior), linealmente también se puede decir que recién a noviembre de 2021 se podría aspirar a alcanzar “casi”  lo perdido en los años 2019 y 2020.

 

Es decir que lo cierto es que la actual propuesta que pretende ser anual, cierra absolutamente toda visión a las vicisitudes inflacionarias del año 2021 con el agravante de la pérdida que se va a ir dando mes a mes.

 

Y he aquí la profundidad de la problemática que ha ido haciendo cada propuesta salarial año a año, hundiendo crecientemente el salario docente debajo de la línea de pobreza. Esta posición binaria de aceptar o rechazar ha hecho perder de vista claramente el valor del trabajo docente e, incluso, escudarse detrás de números y porcentajes mientras el valor real de bolsillo iba crecientemente deteriorando el poder adquisitivo del mismo.

 

Hasta es posible aceptar que la actual propuesta contenga unos puntos más, respecto del código de conectividad que otorga la Nación, pero tampoco podemos olvidar que esto no contiene a nuestros jubilados.

 

No está demás decir que la desarticulación de la Comisión de Salario, que contenía una mirada plural, ha provocado que se atomicen los análisis y se pierda la perspectiva de nuestra realidad salarial presente y futura detrás de la urgencia de aceptar una propuesta que a simple vista se ve como ampliamente desventajosa para el sector del trabajo docente.

 

En este sentido, se debe valorar a los compañeros que por conocimiento, por instinto o simplemente por tocarse el bolsillo, han rechazado una y otra vez esta oferta salarial en cada asamblea, incluso contra las opiniones y militancias de aceptar.

 

Por que como decíamos al principio, confluyen dos miradas claramente opuestas: la tecnocrática trasladada a la decisión política de aceptarla; y la del conocimiento del salario docente en íntima relación con la realidad pensada para el presente pero fundamentalmente en prospectiva para que el futuro no nos encuentre igual o peor que hoy, como lamentablemente lo vemos año a año, cuando hacemos un balance comparando con los distintos indicadores de la realidad o, simplemente, con las posibilidades del bolsillo para el sostenimiento familiar.

(*) María Alejandra Gómez es secretaria general de la seccional Federal de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Texto elaborado con los congresales y la comisión directiva de la seccional.

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