Ley nueva, alquileres nuevos

La ley de alquileres que aprobó el Congreso en junio de 2020 fue ideada, como corresponde a un buen legislador, para mejorar un mercado que supuestamente funcionaba muy mal. Como todo el mundo sabe, eso no ocurrió. Más bien todo lo contrario. Pero incluso ante la evidencia del desastre que causaron, los legisladores introdujeron en 2023 nuevas regulaciones, entre las que sobresalió un nuevo sistema de indexación que empiojó aún más la relación propietarios-inquilinos. Y las consecuencias fueron nefastas.

La ley original y su sustituta resultaron tan malas que pasó lo que tenía que pasar: la oferta de unidades en alquiler se desplomó y los contratos que se firmaron resultaron a valores iniciales muy altos. Esto fue así porque el propietario buscaba formar un “colchón” para enfrentar el congelamiento del pago mensual por un año.

Pero, en estos días se registra una reacción instantánea al DNU que impulsó el nuevo Gobierno, que derogó la ley de alquileres y les dio libertad a las partes para que pactaran los contratos en los términos que quisieran.

Lo que está ocurriendo es que reapareció la oferta y, por lo que dicen las inmobiliarias, se está volviendo al sistema pre ley. Contratos a dos años, en pesos, y ajustes trimestrales, tomando como referencia la evolución de la inflación. La ley de oferta y demanda retoma su funcionamiento en un mercado vital para cientos de miles de personas. De a poco, el sentido común se impone sobre los iluminados que sintieron la tentación de hacer el bien.