El rol de los punteros políticos se ha aggiornado como gestores en los legisladores
Los medios informativos de todo tipo, se han convertido en espacios en que la crónica policial, por lo general lamentablemente abordada de una manera desorbitada, ha pasado a ocupar un lugar no solo extenso, sino principal.
Atento a todo ello, cabe considerar que a la hora de informar con seriedad y profundidad se pone el acento en lo que por lo visto es poco y nada relevante, mientras se omite –y es esa una falencia grande y grave- lo que pasa en la “cocina” de los distintos poderes del Estado, entendiendo por tal no solo cuánto se gasta y en qué se gasta, sino de los casos en que existe en ellos situaciones graves en las que los funcionarios públicos aparecen involucrados.
Dentro de ese contexto debemos hacer una referencia específica a la escasez de información relevante que se conoce respecto al funcionamiento de la Legislatura provincial, o sea el trabajo de sus comisiones y las sesiones de ambas Cámaras.
Mientras tanto la información con la que se cuenta se focaliza por lo general en nada que vaya más allá del cumplimiento del rol -por otra parte explicable y hasta necesario- que asumen diputados y senadores provinciales como gestores de los intereses públicos de sus respectivas comunidades, o de trámites burocráticos útiles para un vecino, que necesita de los auxilios de “su” legislador para poder llevarlos a cabo.
Es por eso que se da la curiosa situación de la carencia de la información más substantiva y valiosa -que por lo general se omite en las gacetillas de prensa oficiales- acerca de circunstancias que importan vinculadas con la gestión pública para quienes vivimos lejos de la ciudad capital, aunque se nos ocurre que igualdad orfandad soportan en gran medida los vecinos de Paraná.
El escándalo mayúsculo de los contratos en la Legislatura provincial
Un caso mayúsculo de corrupción, del que la opinión pública provincial se encuentra casi en ayunas, ya que en el caso de conocer algo al respecto, lo que sabe consiste en imprecisos comentarios acerca de la utilización del mecanismo que permitía el desvío y apropiación de fondos de la Legislatura por parte, cuando menos, de funcionarios y empleados infieles.
Un mecanismo que se habría utilizado a lo largo de muchos años, con perjuicios multimillonarios para el Estado provincial, como consecuencia de lo cual existen funcionarios detenidos y otros procesados y donde, a estar a fuentes paranaenses, se incluyen entre ellos reclamos de legisladores opositores, mientras se asistiría, además, a maniobras dilatorias, y por ende obstructivas ante los requerimientos de los fiscales abocados a esa investigación.
Nos encontraríamos de esa manera frente a un caso de notoria desinformación deliberada a diversos niveles, y a cuyo respecto resultaría de interés –aunque es de casi imposible concreción- contar con los resultados de una encuesta a efectuar en el territorio provincial encaminada a establecer cuánto sabemos los entrerrianos de esa cuestión no menor.
También conocer ejemplos de casos parecidos, la mayoría de igual naturaleza escandalosa, y que se dé cuenta del grado de corrupción endémica que existe en ciertos niveles de la administración provincial, y que en más de una ocasión involucra no solo a funcionarios y empleados públicos sino a personas y entes privados, ya que los mismos hacen necesaria la participación imprescindible de personas ajenas a la administración pública para hacer posible la consumación de esos de ese tipo de delitos.
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