Urribarri: demasiado dinero, muy poca vergüenza

Es indignante que el exgobernador entrerriano condenado por corrupción, además de percibir una jubilación millonaria, pretenda volver al poder.

Gracias a la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2020, las subas de haberes jubilatorios acumularon en 2022 apenas un 72,48%, claramente por debajo del aumento de precios medido por el Indec, que fue del 94,8%, con una ostensible pérdida en el año de su poder adquisitivo. No hay bono que valga. Sin programas serios, los casi seis millones de jubilados y pensionados siguen siendo una tan sufrida como injusta variable del ajuste.

Unos tanto y otros tan poco, podríamos reflexionar cuando comparamos el haber mínimo que hoy cobra la mayoría de los jubilados con lo que percibe, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, habilitada a cobrar una doble pensión vitalicia, como expresidenta y como viuda de un exmandatario, que superaría el valor de 100 jubilaciones mínimas. Otra de las bien llamadas jubilaciones de privilegio por sus escandalosos montos cuyas huestes de beneficiarios no paran de crecer.

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos –con un déficit que rondó los 48 millones de pesos en 2022 y que se estima en 62 millones para el año en curso– confirmó días pasados la jubilación ordinaria común para Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por desviar fondos del Estado durante su mandato como gobernador. Hablamos de un haber de unos dos millones de pesos mensuales, con el 82% móvil, para quien también fue legislador provincial y embajador en Israel. Urribarri pasa a ser el exgobernador entrerriano beneficiario del mayor monto previsional.

En su tiempo libre, el flamante jubilado se dedica a hacer giras proselitistas por su provincia natal y no oculta su intención de ser una vez más candidato a gobernador, pese a haber sido condenado por corrupción.

La precandidata a intendenta de Paraná por Pro Ayelén Acosta criticó que “en un país donde los jubilados la pasan cada vez peor, se sostengan privilegios”. En la misma línea, el diputado opositor Pedro Galimberti habló del quebrantamiento del principio de solidaridad y señaló que se debe ir “hacia un sistema previsional de jubilaciones y pensiones máximas, que cubran contingencias de la vida de las personas y sus familias”. Sin duda, se trata de una escandalosa cuestión que urge revisar en el marco de las reformas que no pueden continuar esperando.

En el caso de Urribarri, no menos grave resulta que su condición de condenado no sea una limitante para el cobro. Como oportunamente denunciamos, el por entonces oficialismo provincial había intentado grotescamente garantizar la impunidad del exgobernador y sus secuaces promoviendo el desplazamiento de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, que pedía 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La más enérgica condena de asociaciones de fiscales y colegios de abogados se había hecho escuchar.

A lo largo de más de 50 audiencias, se analizaron episodios como “El sueño entrerriano” –eslogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri a la que la Justicia entendió que se destinaron parte de los fondos malversados– y la denominada “causa del Mercosur”, en relación con contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014. Fue precisamente una Justicia que se recorta respecto de la de otras provincias bajo regímenes feudales que solo son apéndice del omnímodo poder político la que condenó valientemente al exgobernador.

“Esta es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho”, tuvo el desparpajo de argumentar en su descargo quien tardó más de la cuenta en renunciar a su condición de embajador en Israel cuando se conoció el fallo condenatorio. Su nombramiento no había sido bien recibido por la comunidad argentina en el destino dada su cercanía al ultracristinismo, profundamente denostado en Israel luego de la firma del pacto con Irán en 2013. La suya fue una más de las tantas nefastas designaciones políticas de personajes sin antecedentes ni conocimientos suficientes, agravado por tratarse de una región tan complicada y dinámica como Medio Oriente.

Si una fiscal anticorrupción como Cecilia Goyeneche, destituida precisamente por haber logrado la condena del exgobernador, cobra la mitad de su sueldo y ve peligrar su jubilación a la espera de que se defina su situación judicial, ¿corresponde que un exgobernador condenado por corrupción acceda al beneficio previsional?

Una clase política mayormente ocupada en conservar sus privilegios y abultar sus bolsillos no hace más que desafiar una y otra vez la paciencia y la mansedumbre ciudadana. Son muchos los presupuestos y los malos entendidos convenientemente instalados que debemos replantearnos en la república para terminar con los privilegios y permitir que el progreso, el desarrollo y el bienestar lleguen a todos. Sin duda, revisar las condiciones de quienes se candidatean al poder es una de las cuestiones más importantes. Por eso, proyectos de ley como los de ficha limpia y boleta única son herramientas para la transparencia y el control ciudadano que no resisten más demoras.

LA NACION