Las hipotecas que deja el populismo tarifario

El triple shock que espera al nuevo Gobierno.

Lamentablemente hasta la llegada del ministro Massa, el gobierno destinó casi 3 años de gestión a discutir una segmentación de subsidios que va a contramano de los que hace el mundo respecto a este tema. Mientras la experiencia internacional muestra que se deben concentrar esfuerzos en identificar a la población vulnerable y focalizar los subsidios, el gobierno se empecinó en empadronar a los sectores “ricos “para cobrarles tarifa plena (30% de las familias) y continuar con un subsidio generalizado para el 70% restante. Esta concepción ineficiente de la focalización dejará como hipoteca al próximo gobierno, que el 70% de las familias pagará tarifas que cubrirán poco más del 10% del costo de la energía que consumen.

Dicho de otra forma, cada familia con subsidios (aquellos pertenecientes a los niveles 2 y 3 de segmentación) habrá recibido en 2023, el equivalente a un cheque mensual de 20.000 pesos por hogar para cubrir los costos de las facturas de luz y gas, un número que se duplicará en 2024, según el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno.

Con costos de generación eléctrica dolarizados en un 80% y precios del gas nominados en dólares, la brecha y la corrección del tipo de cambio le ponen presión a una cuenta de subsidios. El año 2023 debería terminar con subsidios equivalentes a 2% del PBI, pero el congelamiento electoral de tarifas en un marco de aceleración de la inflación dejará para el arranque del 2024 un piso de subsidios de 3% del PBI más deudas a productores de gas y generadores de por lo menos 0,5% adicional.

Pero las hipotecas no terminan con el tema tarifario. El precio de los combustibles hoy refleja el valor de un “barril criollo” de US$ 56 a la cotización del dólar oficial, mientras que el precio internacional es US$ 90. A esto se suma el congelamiento por más de dos años del impuesto a los combustibles cuya recaudación financia en parte los subsidios al transporte. El sinceramiento del precio de los combustibles enfrenta un triple shock: tipo de cambio, precio internacional y normalización impositiva.

En el corto plazo también se enfrentan desafíos de infraestructura. El potencial de Vaca Muerta es una realidad, pero su puesta en valor requiere de infraestructura de transporte para garantizar el abastecimiento de gas del próximo invierno.

En este contexto, y a una semana de la elección presidencial, el Gobierno anuncia la posibilidad de “renunciar” a los subsidios al transporte, en un esquema que transfiere la carga a los usuarios, desconoce la experiencia internacional respecto a la focalización de subsidios y deja en claro dos mensajes: 1. No existe decisión política de esta administración de resolver de forma racional el problema de los subsidios económicos y 2. Se los utiliza como un instrumento electoral para generar temor a exorbitantes aumentos si gana alguno de los candidatos de la oposición.

En síntesis, la actual administración no solo dejará una acumulación de hipotecas económicas, sino quizás el mayor problema es haber destruido hasta los cimientos todos los sistemas de precios de los servicios públicos. El desafío no pasa entonces, por recuperar niveles tarifarios a costos razonables, sino de desandar un camino de populismo tarifario de casi dos décadas de impacto cultural profundo.

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