Controles invisibles y legislatura transparente
Luego del Pedido de Acceso a Información Pública de la Asociación Civil “Entre Ríos sin corrupción”, la posterior negativa a brindar la información por parte de ambas cámaras de la Legislatura, y la sentencia favorable a la Asociación Civil en la Justicia, ordenando brindar la información, por primera vez en la democracia los entrerrianos pudimos conocer quiénes son los empleados y asesores de la Legislatura provincial.
Con estupor, todos pudimos ver la desmesura que siempre supusimos que existió. Por los datos publicados, y la abrupta caída de los gastos en asesores contratados en el presente período legislativo, podemos todos los entrerrianos sospechar, con alto grado de verosimilitud, que el gigantesco desfalco descubierto en el 2018 con la mayor causa de corrupción en la historia de la provincia, conocida como “Contratos truchos” de la Legislatura, podría haber continuado, al menos, hasta diciembre 2023. Pero ahora no solo se trata de contratos, también vemos que es llamativa la cantidad de subsidios otorgados por las Cámaras, especialmente en el año 2023 cuando las autoridades que “subsidiaban” a particulares y asociaciones de todo tipo, eran al mismo tiempo postulantes a cargos electivos.
Como ciudadano preocupado por la transparencia, me cuestiono sobre cuál es el rol de los “órganos autónomos de control” que tiene el Estado, como son el Tribunal de Cuentas, o la Fiscalía de Estado, o la Contaduría General de la provincia, todos los cuales están en la Sección VII de nuestra Constitución Provincial. En el primer caso, la respuesta es bastante simple. La mayoría de los cargos más importantes en el Tribunal de Cuentas fueron “adjudicados” a ex funcionarios, o familiares de los mismos, por lo cual no es de esperar que auditen con rigor las cuentas que ellos mismos o sus familiares y amigos han descuidado. Esto sin contar con que ya en la década del ´90 fue el primer organismo atacado por la política, destituyendo a uno de sus más altos funcionarios, y recortando sus facultades para investigar, cuando cometieron la osadía de posar sus ojos en los Legisladores por causas de corrupción.
Siguiendo con quienes debieran tutelar y controlar lo que es de todos, luego de varias semanas de tener cuantiosa información de la Legislatura y sus contratos, toda la provincia está ansiosa por ver qué acciones toma con esos datos la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. Aquí vale recordar dos cosas. Por un lado, todos sabemos que durante los últimos 20 años, la Fiscalía de Estado ha estado encabezada por el Dr. Julio Rodríguez Signes, y por la Dra. Claudia Mizawak (y antes había también tenido su paso por allí el Dr. Raúl Barrandeguy). El primero estuvo en la Legislatura en roles de mucha importancia, justo en las épocas que el condenado Sergio Urribarri era diputado. La segunda, era abogada defensora del mismo Urribarri en otras causas en las que se lo investigó. Y el último, y más lejano Fiscal de Estado, es uno de los principales defensores de altos funcionarios investigados de corrupción, que incluso usa la ineficiencia de los órganos de control que supo encabezar, como argumento defensivo para pedir la absolución de sus defendidos. El segundo punto a considerar, es que el mismo Dr. Rodríguez Signes -como representante del Estado provincial- se opuso fervientemente a que la información solicitada por la Asociación Civil Entre Ríos sin Corrupción sea pública. Ambas cosas, nos hacen ser absolutamente escépticos de cualquier acción para gestionar el recupero de fondos, que parecen haberse entregado de modo irregular, y con palpables incompatibilidades.
Finalmente, y no casualmente, nos queda la Contaduría General de la provincia. Este es un organismo autónomo de los tres poderes del Estado, y la Constitución Provincial le otorga la función de controlar de modo anticipado o preventivo todos los gastos del presupuesto general (e incluso de otras leyes). Por motivos tal vez hoy imaginables, los gastos del Poder Legislativo – al igual que del Judicial-, no son controlados por la Contaduría General de la provincia, aun cuando obviamente están previstos en su Presupuesto General, con lo que se pierde una gran posibilidad de control prevista constitucionalmente. Esto es un tema sensible y pendiente de resolver en la provincia si aspiramos a luchar contra la corrupción de modo preventivo.
Frente a toda esta carencia de controles de los organismos mejor pagos del Estado provincial, y las pocas perspectivas de investigaciones por la forma en que los datos fueron expuesto en la Legislatura entrerriana, esta semana la Asociación Civil Entre Ríos sin Corrupción avanzó analizando la información que solicitó, y compartió el análisis en una publicación en su página web (https://entreriossincorrupcion.com/informe-especial-de-ersc/). Allí se ve con claridad y por año, quienes han sido los asesores de cada uno de los funcionarios y legisladores de nuestra provincia. También hicieron lo mismo con los subsidios otorgados.
Involucrarse activamente desde la sociedad civil en la lucha contra la corrupción requiere valentía, pero trae brotes frescos y frutos que de otro modo no veremos ni nosotros ni nuestros hijos.
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