Sin declaraciones juradas públicas, no hay transparencia que valga





















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La deuda de una norma que permita acceder a los bienes de un funcionario de los tres poderes del Estado y que los mismos sean conocidos por la sociedad habla de una cultura que va más allá de la simpleza de cargar contra la política como cuestión genérica. Qué pasó todos estos años. Se trata del financiamiento de la política o de enriquecimientos ilícitos. Lo que hay y lo que falta.


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial 



Con el caso de la Legislatura, el Poder Judicial puso de relieve, con más fuerza y quizás sin intención, un peligroso algoritmo: la política y la corrupción son casi lo mismo. Es peligroso porque la sociedad está asqueada y el cambio propuesto por Cambiemos fue un fiasco, incluso en materia institucional. Se dijo que la derrota de la política es la guerra. Hoy, la derrota de la política tiene como consecuencia el surgimiento de figuras antisistemas tales como Donald Trump o Jair Bolsonaro. En la Argentina asoma Marcelo Tinelli. 
La política no ha dado respuesta ante uno de sus principales enemigos que es la corrupción. Con la crisis de 2001 y el descreimiento en la dirigencia política, tras una década de escándalos en el seno del Estado, quién se iba a ser cargo del Ejecutivo debía pronunciarse a favor de una norma de estas características. Jorge Busti lo hizo cuando asumió su tercera gobernación en 2003. Se comprometió a sancionar una ley de Ética Pública. En rigor era un Código de Ética Pública en el marco de una norma que creó la Oficina Anticorrupción (OA) que operaba en el seno del Poder Ejecutivo, concretamente en la Fiscalía de Estado.
Hubo proyectos legislativos que fueron discutidos por varios sectores de la comunidad. El Poder Judicial sugirió algunas cuestiones respecto a los requisitos, por ejemplo, de cómo tenían que ser las declaraciones juradas de cada uno de los funcionarios. También se realizaron jornadas en la que participaron periodistas.
El gobierno de Busti finalizó su gestión sin el código. Durante la primera gestión de Sergio Urribarri también hubo promesas. Las cuestiones sobre la “ética pública” y los delitos de corrupción en el Estado formarían luego parte de la agenda de la Convención Constituyente de 2008. No ocurrió. Sin embargo, la Constitución reformada aquel año incorporó la creación de la Fiscalía Anticorrupción que la Legislatura hace 10 años se niega a crear.
En junio de 2016 una iniciativa tuvo media sanción una ley de Ética Pública en Diputados. El proyecto establece que los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial en forma previa o simultánea a la toma de posesión del cargo. Pero también deberán actualizar la información contenida anualmente y presentar una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo. El registro de bienes quedará depositado en los respectivos organismos en que se desempeñe cada funcionario.
La propuesta legislativa quedó en el aire. Nunca más se supo. En el Senado le están haciendo modificaciones, lo que implica que deberá volver a la cámara de origen. Mala señal. Todo indicaría que la calesita sigue como hace 15 años.
Declaraciones juradas
La declaración jurada es una herramienta fundamental para el control de quienes ocupan lugares jerárquicos en el Estado. Es de las pocas sino la única por la cual se puede determinar si un funcionario de cualquiera de los tres poderes o legislador se enriqueció ilícitamente con fondos públicos.
El tiempo se fue llevando cláusulas delicadas. Por ejemplo, aquella que implicaba que los funcionarios no sean los únicos que tengan que presentar una declaración jurada, sino también su cónyuge y sus hijos. Ese ítem desapareció.
La legislación que impera en la actualidad sobre las declaraciones juradas es de 1953 y establece que las mismas son secretas. Solo se puede acceder a los bienes de un funcionario si lo requiere un juez en el marco de una investigación o por orden del mismo funcionario.
La Cámara de Diputados, en el mandato de Busti, dictó una reglamentación que establece que los legisladores deben presentar sus declaraciones juradas ante el cuerpo. Lo mismo sucedió en el Poder Judicial. Siempre con carácter secreto. En el Senado no hay una reglamentación, por lo tanto sus integrante lo deben hacer ante la Contaduría General, según la ley 3886 y su decreto reglamentario número 4931/53.
Con liviandad se escucha que lo que sucede con el caso de la Legislatura y los contratos truchos es propio de la política. De la forma en que se financia la política. De la manera de hacer política. Generalizar no hace otra cosa que poner en la misma línea a todos.
Se está investigando un supuesto mecanismo por el cual se fraguan 13,14,15 o más millones de pesos mensuales. Todo supuestamente para financiar la política. Mientras tanto no hay ley que regule el financiamiento de la política. Tampoco hay ley de ética pública.
Lo que sí hay son dirigentes que incrementaron su patrimonio a lo largo de los años. Y algunos ni siquiera son investigados.

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