Con carácter de urgente iniciaron una investigación interna por el negociado de las balanzas en Vialidad

La denuncia que trascendió desde este Portal provocó un escándalo en Vialidad y llegó a la dirección de asuntos jurídicos del organismo, que emitió un pedido de informes para conocer y determinar responsabilidades.
Según la publicación, estas inspecciones, tendientes a preservar las rutas en buen estado y a evitar inconvenientes en el tránsito, esconden un negociado que significaría millones y millones para que algunos puedan omitir estos controles.
Además, en la noticia se reflejaba que la Dirección Provincial de Vialidad adquirió 39 balanzas para ejercer los contralores en el peso del vehículo y su carga, de las cuales se desconoce el paradero de 28 y solo quedan 11, aunque una sola contaría con la homologación correspondiente para cumplir su función.
Expresamente a raíz de esa publicación, el director de Asuntos Jurídicos de la DPV; Teodoro Gorelik, emitió un pedido de informe con carácter de urgente para el ingeniero jefe, Juan Arias, a fin de conocer los pormenores del tema.
El letrado solicita “con carácter de urgente un informe pormenorizado respecto del funcionamiento de la unidad de organización referida, donde además se detallen los controles efectuados, indicando lugar, fecha y actas de infracciones realizadas”.
Además, el letrado pide que “se indique quién es la autoridad, y de qué manera se disponen los lugares y días donde se realizan los controles, y si ello es informado a la superioridad de manera anticipada”.
Por otra parte, Gorelik señala que “corresponde se informe asimismo respecto del número de balanzas existentes, si se encuentran en trámite procedimientos para reparaciones, homologación de equipos y/o adquisiciones”.
Finalmente, se exige indicar “el rango de valores de las infracciones (…) expresados en litros de combustibles (nafta super y gas oil) y en pesos al día de la fecha”.
De este modo, el pedido de informe toma como punto de partida la denuncia publicada en este Portal, en la que se habla de un perjuicio millonario para el erario público entrerriano, y, principalmente, de irregularidades que ponen en riesgo la vida y la integridad física de quienes transitan las rutas provinciales.
Actualmente, la multa mínima por sobrecarga supera los 2 millones de pesos, y se denuncia que existiría un acuerdo entre empresarios transportistas y funcionarios viales y millones de razones para liberar ciertas rutas.
Según la denuncia que llegó a este Portal, en promedio, la DPV registra solo dos multas por exceso de carga por semana, dato que Gorelik apunta a conocer en profundidad en su pedido de informe.
Las irregularidades de este tipo se registran también en el Túnel, algo que pone en serio riesgo tanto la vida de quienes por allí transitan como el estado de la trama vial, en algunos puntos de la provincia seriamente deteriorada.
Un negocio que, según indicaron, resulta redondo para transportistas y funcionarios, ya que aumenta la capacidad de carga y, en consecuencia, de ganancias para la empresa, a cambio de un millonario canon que se llevan funcionarios.
Según indicaron a este Portal, la decisión de no homologar las máquinas para que no estén en funcionamiento fue de la propia Directora Administradora de la DPV, Alicia Benitez, aunque, en su entorno cercano, sostienen habría recibido precisas instrucciones desde arriba para dejar pasar camiones sin controles, principalmente de Concordia con frutas y otras mercaderías.
En la Dirección Provincial de Vialidad, actualmente hay sumarios iniciados por el deplorable estado en el que se encuentran algunas rutas, incluso a días de ser inauguradas.
Sin dudas, además de las irregularidades que se registran durante la ejecución de las obras, gran parte de las roturas que presentan hoy los caminos entrerrianos se deben a la sobrecarga que no están en condiciones de soportar.
Más allá de las directivas que habría emitido Benitez para omitir los controles de balanzas, alguien por arriba de la administradora de la DPV habría bajado esa línea, en un millonario negociado con privados.
Es por eso que el gobernador Gustavo Bordet no puede hacerse el distraído, la denuncia es grave y seria, existe documentación que respalda el gran negocio multimillonario.
La dirección de Asuntos Jurídicos de la DPV ya inició un sumario para dar con los responsables del millonario negociado que tiene como consecuencia la destrucción de las rutas entrerrianas, el perjuicio al erario público provincial y el riesgo de las vidas que transitan a diario los caminos liberados a para los negocios de unos pocos.
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