La trampa del congelamiento de sueldo de los legisladores provinciales


El pseudo-ajuste entrerriano




(Escribe Adrián Pino / El Entre Ríos Edición Impresa). Las primeras semanas del nuevo gobierno nacional han sido de anuncios asociados a “emergencias”, “crisis”, “redistribución”, “esfuerzos” y “solidaridades” varias. En esa línea, mientras las medidas que se implementan reclaman más “esfuerzos” a los argentinos, caía de maduro que los sectores más atentos de la sociedad iban a percibir que todo el esfuerzo se le pide a los ciudadanos de a pie mientras la clase política disfruta de sus privilegios.

Atentos a este “ruido” en la política de ajuste, el Gobierno de Alberto Fernández abrió el juego para que el Congreso de la Nación disponga el congelamiento de sueldos de legisladores por 180 días. No parece un gran aporte, pero la carga simbólica del gesto alcanzó para generar un efecto cascada.
El pseudo-ajuste entrerriano
Sergio Massa y Cristina Fernández sellaron la primera medida: congelar el sueldo de los legisladores nacionales por 180 días. Así se anunció rápidamente desde el oficialismo nacional, en acuerdo con los sectores de oposición que acompañaron la medida. El impacto político fue inmediato y la noticia atravesó diarios, radios, canales de TV y portales de internet como un gesto contundente de la clase política que se suma a las voluntades que hacen un “esfuerzo” para reacomodar la economía del país.

Acorralados por la situación, los nuevos referentes de la Legislatura entrerriana no tuvieron más opción que seguir el mismo camino. En un anuncio conjunto, la vicegobernadora Laura Stratta y el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, anunciaron la misma medida: congelar el sueldo de los legisladores por 180 días.
La trampa del anuncio
A pesar de presentarse como una noticia relevante, lo que no se difundió en el único comunicado oficial que reprodujeron gran parte de los medios provinciales es si ese congelamiento rige a partir de diciembre o toma la remuneración acordada en el Presupuesto 2020. El detalle no es menor, dado que como denunció en su momento el sitio “Sueldos Transparentes”, toda la política entrerriana acordó un “aumentazo” del 50% de todos los sueldos de la política en 2020. En la nota publicada en El Entre Ríos dábamos cuenta que “Los sueldos de los funcionarios de Entre Ríos crecen un 50% para 2020”. Y allí se detallaba que “mientras el Presupuesto 2019 disponía una remuneración de $101.000 para el Gobernador Bordet, para el año 2020 se fija un aumento cercano al 50% por el que percibirá a partir de enero $148.000 al mes. En el caso del Vicegobernador, la remuneración interanual salta de $97.000 a $140.000. Y los Ministros que acompañen a Bordet en su segundo mandato pasarán de los $92.000 presupuestados para 2019 a $134.000 a partir del año próximo. El mismo rango de incremento se fija para los diputados y senadores provinciales que asumirán el próximo 10 de diciembre. Mientras que actualmente perciben una Dieta de $160.000 mensuales, a partir de 2020 (los legisladores provinciales) cobrarán nada menos que $240.000”. Con este Presupuesto aprobado, que autoriza la suba del 50% de una sola vez en la dieta de los Legisladores, será importante monitorear que este enorme incremento se demore 6 meses como anunciaron los presidentes de cada Cámara de la Legislatura. Por ahora, los legisladores tendrán que conformarse con los $160.000 que perciben al mes, sabiendo que a la vuelta de la esquina los espera un incremento de $80.000 adicionales que podría hacerse efectivo una vez transcurridos los 6 meses.
Gestos que no alcanzan
En materia salarial hemos visto que la política transita por estándares que están muy lejos de los Jubilados que perciben la mínima, de un trabajador del Estado, o un docente. Los escandalosos salarios de los Directivos de Enersa que alcanzan los 300.000 mensuales; jueces y fiscales que perciben hasta 500.000 al mes en los cargos más altos; o los casi 600.00 que cobraron los funcionarios macristas de CARU hasta el 10 de diciembre (y que seguirán percibiendo sus reemplazantes que designe el Gobierno de Alberto Fernández), son algunas de las fotos que justifican el hartazgo y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la dirigencia política. ¿Alguien va a explicar los $900.000 de sueldo que Castrillón le atribuye a la ministra de Gobierno Rosario Romero? ¿O los “esfuerzos” de la clase política sólo afectan las capas más superficiales? Por las dudas el Gobierno carezca de ideas, reiteramos apenas 5 medidas simples y fáciles de implementar para reducir el gasto político:

- Fijar un tope salarial para todas las remuneraciones de funcionarios públicos que esté dado por el sueldo del Gobernador: según el Presupuesto 2020 sería de $148.000 al mes.

- Desprenderse de la flota de autos de alta gama que no justifican el gasto que ocasionan.

- Eliminar el contrato con el Banco de Entre Ríos como agente financiero que nos cuesta más de 400 millones al año (En Santa Fe el mismo banco paga para ejercer como agente financiero)

- Eliminar el 50% de los fondos para contratos de los que dispone cada legislador provincial.

- Reducir un 10% la cantidad de funcionarios provinciales

Hay Gobiernos Municipales como Villa Elisa y Gualeguaychú que ya han implementado medidas concretas para reducir los sueldos de la política. Y que dan la pauta que si hay voluntad política, se pueden tomar decisiones serias para reemplazarlas por las panfletarias.
Fuente: El Entre Ríos Edición ImpresaINFORMACIÓN RELACIONADALa política duplicó el gasto público y no bajó la pobrezaQué relación se observa en el tiempo entre presión impositiva y pobreza? Para indagar en la respuesta, se puede apelar a información referida a los últimos 30 años publicada por el Ministerio de Economía y el INDEC.
Idesa muestra que -según estas fuentes- se observa:
  • En el año 1988 la pobreza afectaba a aproximadamente el 31% de la población y la presión impositiva nacional y provincial era de 15% del PBI.
  • En el 2000 la pobreza era del 29% de la población y la presión impositiva había subido al 21% del PBI.
  • En el 2019 la pobreza es del 35% de la población y la presión impositiva llegó al 29% del PBI.
Estos datos muestran que, en los últimos 30 años, el vertiginoso aumento de la presión tributaria no logró evitar que el problema de la pobreza se agravara. Ya a finales de la década de los ochenta casi un tercio de la población estaba en situación de pobreza. Con vaivenes, la incidencia de la pobreza aumentó a pesar de que la apropiación de recursos por parte del Estado a través del sistema impositivo se duplicó.
 

El argumento para justificar aumentos de impuestos por razones distributivas puede ser válido cuando la presión tributaria es muy baja. Esto ocurre en muchos países, incluso latinoamericanos, pero no en la Argentina que tiene una presión tributaria superior a la de, por ejemplo, Corea, Suiza, Estados Unidos e Irlanda, y no lejos del promedio de los países avanzados (OECD). A esto hay que agregarle que en la Argentina la tasa de evasión es muy alta. Esto implica que los contribuyentes que pagan los impuestos sufren una presión impositiva superior al promedio, para compensar el no pago de los contribuyentes que evaden o eluden los impuestos.
Si bien la pobreza tiene origen en una multiplicidad de causas, un determinante clave es el mal uso que se hace de los recursos públicos. El crecimiento del gasto en los tres niveles de gobierno fue tan vertiginoso como el de la presión tributaria. Sin embargo, la mayor parte de esos recursos, incluso los que conforman el gasto social, no beneficiaron a los más pobres. Un ejemplo en este sentido es la fuerte expansión del gasto previsional que beneficia mayormente a los sectores de ingresos medios y altos. En contrapartida, la población en general –pero especialmente los más pobres– sufren las consecuencias del desaliento al empleo formal, a las inversiones y a las exportaciones que generan los impuestos altamente distorsivos con que se financia el Estado.
 

No se baja la pobreza aumentando impuestos sino ordenando el Estado. Un eje central es el ordenamiento impositivo para unificar tributos de los tres niveles de gobierno y así darle viabilidad al objetivo de bajar impuestos sin perder recaudación. El otro eje es el ordenamiento previsional para darle mayor equidad y sostenibilidad al mayor gasto público que son las jubilaciones. Finalmente, el ordenamiento funcional, apuntando a que los tres niveles de gobierno no se superpongan en las políticas públicas que ejecutan.

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