Sergio Urribarri embajador
(Publicado en El Entre Ríos). Nuestro coprovinciano Sergio Urribarri habría sido designado – y lo decimos en condicional, porque todavía de su nombramiento no ha habido información oficial- para ocupar el cargo de embajador en Israel.
La noticia ha sido recibida con beneplácito por el círculo de sus familiares e íntimos, y de algunos compañeros; algo que se contrapone con el furor indignado, y no siempre callado, de un segmento vario pinto de la población, y con la indiferencia de una mayoría, a la que por motivaciones diversas le resultan indiferentes situaciones de este tipo, o porque ya han bajado los brazos ante las mismas, por considerar que somos un país que no tiene remedio y que por ende es un costo inútil el prestarle atención.
Habrá quienes, como forma de contención personal recurrirá ante esta designación, y partiendo de la base de que todos somos pecadores, a las frases evangélicas tanto de que el que juzga también será juzgado, como por sobre todo a la advertencia luminosa de que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra, prédicas ambas a cuya sabiduría no deberíamos en ocasión alguna dejar de prestar atención. Máxime en una sociedad como la nuestra en la que inclusive por motivaciones explicables se confunde justicia con venganza, algo que le impide comprender que el odio nos ha intoxicado.
Es por eso que, siendo profanos en este tipo de materias, interpretemos esas enseñanzas como válidas respecto a las relaciones personales, o sea las que se dan cara a cara, pero que son casi siempre de al menos dudosa aplicación en el caso de las relaciones intra-sociales, ya que no siendo la nuestra una agrupación de ángeles sino de hombres, las mismas resultarían imposibles no ya solo de existir, sino de poder sobrevivir, sin que existan mecanismos encaminados a evitar las transgresiones a las reglas de cada sociedad.
Dentro de ese contexto -el de la distinción entre las relaciones personales y las sociales- consideramos que desde una perspectiva social, la enseñanza evangélica debe ser interpretada en el sentido de que en ningún caso, y sea cual sea la manera en que se ha comportado o se comporta, a nadie ni a sociedad alguna, ni quiénes la integran, le pueden negar el respeto y consideración que merecen como personas.
Es por eso cabe preguntarse si no incurre en la posibilidad del reproche, el escuchar cómo se ha escuchado hacer notar que la designación de nuestro comprovinciano para desempeñar funciones diplomáticas, no debería extrañarnos en un mundo en el cual se ve al embajador mejicano en nuestros país, esconder dentro de su saco un libro de los que están a la venta en una de las más famosas librerías del mundo que se encuentra en Buenos Aires, y a un cónsul boliviano en el norte del país ser sorprendido por gendarmes llevando narcóticos en cantidad comercializable en el baúl de su auto. Ya que detrás de esa argumentación apenas aparece escondida una expresión de malevolencia.
Lo mismo pasa en el caso de que también se escuchara señalar que no puede dejar de advertirse que a nadie en Israel puede sorprender el arribo de un embajador con procesos penales abiertos, - el no contar con la “ficha limpia”, que Lula implantó en Brasil - independientemente de tener que terminar soportando en carne propia las consecuencias de la aplicación de esa exigencia, ya que en idéntica situación se encuentra el primer ministro de Israel.
Es más, esa situación lamentable que a ambos les toda vivir, podría inclusive servirles para una mayor comprensión recíproca, algo que puede redundar en una profundización de la relación entre ambos países, capaz de aventar la repulsa que en su momento produjo entre los israelíes la firma del Memorándum con Irán, vinculado con el ya lejano e irresuelto atentado a la sede de la AMIA.
Es por eso que se debe señalar de una manera negativa la circunstancia que la primer pregunta que se formularon, aunque mas no fuera tan solo mentalmente, al tomar conocimiento de la noticia del posible nombramiento, fuera si esa designación como consecuencia de los inmunidades diplomáticas que ellas traen aparejadas y que por otra parte se extienden a su familiares, vendría a equipararse a los fueros parlamentarios, y por ende que ni se pudieran proseguir las causas y en su caso ser condenado y llamado a cumplir la pena que se le aplicara.
Es que la cuestión que debería realmente ser motivo de nuestra preocupación ya que no es Urribarri, el cual a lo sumo es solo parte del problema, que como sociedad a todos nos atañe. Un problema de una gravedad tan grande que trasciende lo institucional, para adquirir una dimensión capaz de socavar – como en realidad lo está haciendo- las bases mismas, o si se quiere decirlo de una manera más solemne, los fundamentos que hacen a nuestra existencia como sociedad. Con el añadido que de esa manera ponen en grave riesgo su existencia, a la vez que el destino personal de quienes la integramos.
Es que si resulta insalubre el bajo umbral de tolerancia frente a los delitos cometidos por quienes integran nuestra sedicente clase dirigente, un estado de cosas que por otra parte debería a todos avergonzarnos, mucho peor aún, es la convicción que se teme todavía expresar en voz alta, pero que recurrentemente se insinúa, por la que se considera que lo que se tiene por la mayoría del pueblo está en condiciones de consentir que la clase dirigente lave sus delitos en una suerte de auto amnistía, y de esa manera inclusive anticiparse al fallo de la historia, que de esa manera quedaría inhibida en su momento de pronunciarse.
De donde en los momentos actuales, que para muchos hace hasta difícil la convivencia, ya que de otra manera no se haría mención a familias cuyos integrantes no se hablan o de amistades rotas, de lo que se trata máxime teniendo en cuenta que si bien no estamos forzados a vivir juntos –eso de forzado nos resulta inadmisible- es una obligación que deberíamos convertir en placentero el hacerlo.
Es por eso es que se hace necesario una convocatoria a sumarse a una suerte de “catequización cívica”, la cual es precisamente lo contrario a un “lavado de cerebro”, encaminada a lograr la elevación de nuestra condición de ciudadanos al nivel que nuestra propia dignidad exige.
COMENTARIO DE LECTORES
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ESCRIBE OSVALDO BODEAN (El Entre Ríos)
¿Puede la Justicia entrerriana juzgar a un embajador argentino en Israel?
El artículo 31 de la Convención de Viena establece que "el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor". Por si quedaran dudas, en el inciso 4 agrega: "La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante".
Claro como el agua. La tan mentada "inmunidad" pone al embajador fuera del alcance de la Justicia del país que lo recibe -en el caso de Sergio Urribarri, Israel- pero de ninguna manera impide que sea juzgado por los tribunales de su país y provincia de origen.
Hasta aquí, lo estrictamente jurídico, que, en abstracto no hace otra cosa que reforzar el principio de la igualdad de todos los ciudadanos -incluidos los diplomáticos- ante la ley. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Nacional es contundente: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley...".
Pero si desde esa abstracción ideal se desciende a lo terrenal y mundano, lo jurídico se "contamina" y es allí que irrumpen los peros...
En absoluto off the record, El Entre Ríos preguntó a un funcionario judicial si el status diplomático de Urribarri podría constituir una traba para que avancen las numerosas causas en su contra. La primera reacción fue un "no" rotundo. Pero enseguida deslizó: "Otra cosa es que podamos traerlo si está allá y no aparece"...
Si en el año 2017, cuando ocupaba una banca de la legislatura provincial, la defensa de Sergio Urribarri consiguió que la Justicia le permita ir a los tribunales dos días antes de lo previsto y por la noche, en jornada no laborable por el Día del Abogado, poniéndolo así a salvo de los medios, ¿qué otras contemplaciones especiales habrán de tenerse con él cuando se encuentre a miles de kilómetros y sea ni más ni menos que el representante de los supremos intereses de la Nación Argentina en uno de los países más importantes de la tierra? ¿Cómo reaccionarán los jueces cuando sus letrados defensores invoquen -por ejemplo- que la sobrecargada "agenda diplomática" del imputado le impide comparecer? Está por verse.
Será una interesante oportunidad para que el Poder Judicial de Entre Ríos demuestre si el artículo 16 de la carta magna está realmente vigente en la provincia o se ha vuelto una pieza de museo, que trae nostálgicas reminiscencias de los sueños e ideales que inspiraron la organización nacional en el siglo XVIII.
Una justicia tan imparcial como ágil, que ni se ensañe ni le tiemble el pulso ante nadie -se llame como se llame- y que no estire al infinito ningún proceso, resulta imprescindible tanto para denunciantes como para denunciados. A estos últimos, les garantiza la posibilidad de "limpiar" de una vez por todas su nombre, si es que las acusaciones fueran infundadas. Coherente con esto, el exgobernador, quien dice ser inocente, se supone es el primer interesado en que las causas lleguen cuanto antes a definiciones que posibiliten, pruebas mediante, su sobreseimiento o su absolución.
Pero sabido es que la mayoría de los políticos investigados en la Argentina -y Urribarri no es la excepción- suscriben un relato según el cual tal Justicia no sólo que NO existe sino que además ellos son víctimas del "lawfare", esa guerra judicial que -arguyen- ha sido pergeñada por enemigos de la causa popular, que han cooptado al Poder Judicial para sus "nefastos" propósitos. Y sabido es que en una guerra vale todo, incluso refugiarse en una sede diplomática, para ponerse fuera del alcance de los "cañonazos" de "perversos" fiscales y jueces "en connivencia" con no menos "perversos" periodistas que sólo buscan el linchamiento de los "servidores del pueblo".
Por último, propios y extraños tomaron nota que no es cualquier embajada la que ocupará el entrerriano. El respaldo que ha recibido del Presidente Alberto Fernández es evidente, si se tiene en cuenta que en vez de asignársele un destino de segundo o de tercer orden, se lo envía a gestionar el vínculo con un país con el que Argentina tiene en agenda asuntos tan complejos como dos atentados terroristas nunca esclarecidos, el mentado memorándum de entendimiento con Irán, la situación de los fugitivos iraníes sospechados de ser los autores del ataque a la AMIA y la trágica muerte del Fiscal Alberto Nisman, por dar sólo algunos ejemplos.
Semejante espaldarazo que llega de manera directa desde la Casa Rosada refuerza el interrogante inicial: ¿Podrá la Justicia entrerriana juzgar a un embajador argentino en Israel?
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