CONTRATOS - GASTOS RESERVADOS EN LA LEGISLATURA DE ENTRE RÍOS / Casi 1000 millones se ahorraría el Estado si se suspenden solo los contratos y los gastos reservados en la Legislatura, pero el ajuste es a los trabajadores y jubilados

PUBLICACIÓN TEXTUAL DE EL PORTAL DE RICARDO DAVID 30/6/2020.

Las sociedades y personas físicas sin domicilio en la Provincia, que poseen grandes extensiones de inmuebles –urbanos y rurales- en suelo entrerriano, de importantes funcionarios provinciales con acciones o testaferros,  llamativamente exceptuadas de “la solidaridad”

Este miércoles Ángel Giano, que por mes les insume a todos los entrerrianos una cifra cercana a los 4 millones de pesos, entre sueldo, contratos y gastos reservados, Juan Navarro, con una cifra superior al millón,  al igual que José Cáceres, Juan Manuel Huss, Julio Solanas, Diego Lara, Gustavo Zavallo, Nestor Loggio y a penas en menor medida, Jorge Cáceres, Stefania Cora, Sergio Castrillón, Juan Cosso, Mariana Farfan, José Kramer, Silvia Moreno, Carina Ramos, Mariano Rebord, Paola Rubattino, Leonardo Silva y Carmen Toler, serán los ejecutores de la dura merma que sufrirán trabajadores y jubilados estatales.

El proyecto es del gobernador Gustavo Bordet, es su estrategia, su plan que inicio en enero, con la embestida a los contribuyentes entrerrianos, quienes sufrieron un altísimo incremento en los tributos, que ahora continua con medidas puntuales que también afectaran los bolsillos de los estatales y que culminará, pasando por otras afrentas, en el pero terreno imaginable para trabajadores y jubilados.

Porque inicia con la suba de los aportes previsionales, la implementación de un aporte que de solidario no tiene absolutamente nada impuesto a los jubilados y el congelamiento de los sueldos, pero, ya se sabe que la estrategia total incluye a quita del 82% móvil, la elevación de la edad jubilatoria y hasta incluso el pago de sueldos con bonos.

El proyecto de emergencia comienza con estos tres ítems, pero escondido, lleva el resto, esta es la real situación que aquellos diputados se disponen a aprobar.

Se aclara que se menciona solo la bancada peronista porque, conforme a las banderas  históricamente proclamadas, los trabajadores y jubilados fueron –hasta hoy- los primeros protegidos por el peronismo entrerriano.

Esto se terminó, este miércoles cuando los diputados que se dicen peronistas, terminen de esquilmar los ingresos de los estatales, en ese momento, Giano, Solanas, Cáceres, Huss, Cora, Navarro, etc., pasaran a la historia como los primeros kirchneristas en ejecutar el plan de ajuste macrista de Bordet.

Y, sin dudas, lo más indígnate, lo harán bajo el lema “de sacarle a los ricos para darle a los pobres”, los políticos más ricos de la provincia, desvergonzadamente, usaran a los más pobres, conociendo cada uno de ellos que hace al menos 4 años la contestación desde Desarrollo Social es univoca “no hay bolsones”, para justificar otro periodo de malgasto, de despilfarro, de falta de controles, por el plazo de un año prorrogable por 180 días más.

Verdaderamente, repugna.

Aún más reparos al proyecto macrista de Bordet es el pretendido “ahorro” que proclama el mandatario y unívocamente replicaran los mencionados diputados este miércoles en el recinto.

Un poco más de 2000 millones de pesos en el plazo de 365 días, la menos esta fue la palabra oficial del Gobierno.

Todo costeado por, insistimos, exclusivamente por trabajadores y jubilados.

Lo  que el Gobierno no dice, y mucho menos los legisladores y aquellos diputados que salieron a defender con ahínco el proyecto, caso de Giano y Solanas, es que lo mismo o más se ahorraría el Estado si se metiera mano en los compromisos políticos.

Este, desde el 11d e enero del 2020, fecha en la que este Portal expuso el ajuste atroz que planeaba Bordet y que luego no se animó a ejecutar por lso durísimos cuestionamientos, ha sido el mensaje de la ciudadanía que ni el gobernador, ni Giano, ni Stratta ni ningún legislador, muy alejados a la realidad que se vive en la Provincia, quisieron interpretar.

Los datos son precisos y contundentes y surgen de la ley del presupuesto vigente.

679 millones de pesos se ahorraría el Estado si se suspendieran todas y cada una de las contrataciones de obra de la Legislatura, miles son las personas que, con pandemia o sin pandemia, ni un solo día desde que asumieron los legisladores han aparecido por las cámaras.

Más aun en pandemia, ninguna de las contratos redactados y suscriptos en esta modalidad permite el trabajo a distancia.

Aquí debería si operar el ajuste por la emergencia, en la suspensión, hasta por un plazo de un año prorrogable por 180 días de todos los contratos de obra con fundamento en la propia pandemia, en la nula producción legislativa y la imposibilidad de concurrencia.

Sin embargo no, para Bordet y los legisladores estas sumas son intocables, claramente, para casi la totalidad de diputados representa el plus salarian para llegar al millón de pesos mensual de ingresos.

Para que los electores grafiquen, si mañana se celebrara el día del contratado en la legislatura, y todos asistieran no alcanzarían ni remotamente las dimensiones del centro de convenciones del Parque Urquiza.

Todos estos contratos, compromisos políticos asumidos por os legisladores en campaña, que no producen, que no van en pandemia pero que tampoco fueron en épocas normales, como también compromisos familiares, sociales e incluso empresariales, superando ampliamente la cifra de 1000 contratados.

O también, si se quiere avanzar en la sostenibilidad del sistema entrerriano, se podría haber planteado la reducción del 80% de la publicidad oficial.

Hoy no hay obras, no hay clases, no hay transporte, no hay actividad comercial, no hay turismo, no hay termas, no hay Casinos, no hay absolutamente nada, sin embargo la pauta sigue emitiendo órdenes de pago, siguen ingresando a diario infinidad de facturas por publicidad, con montos interesantes.

La única, si se quiere, difusión oficial necesaria es la sanitaria, y no como lo viene planteando el Gobierno con conferencias de prensa que abonan aún más a la confusión social que existe con el COVID, y que incluso asustan, sino con medidas preventivas, teléfonos de emergencia, indicándole a la población como actuar si tiene síntomas, estas y solamente esas se erigen como indispensables, el resto es un continuo despilfarro por campañas superfluas.

Con la reducción el 80% de la publicidad, abocando el 20 restante a la cuestión sanitaria, el Estado entrerriano se ahorraría 256 mil millones en 365 días, conforme al último presupuso del Plan Anual de Publicidad, monto al que se le adicionarían 106 mil millones que dispone el Ministerio de Cultura y de Comunicación para la pauta.

Entre los contratos de los legisladores y la pauta ya llevamos  1041 millones de pesos en 365 como cifra estimada del ahorro si se suspenden so ítems, números que no refieren Giano, Solanas y demás funcionarios cuando proclaman que los ricos le sacan a los pobres ¿o era al revés?

La mitad de lo que pretende ahorrar el Gobierno, con solo dos ítems, y sin meterle la mano a los empleados y jubilados que ya son fuertemente castigados c, con la excusa de la pandemia, con la merma de conceptos que le representaban aquel plus para llegar a fin de mes.

Pero el ahorro propuesto y que se desprende de las críticas que reproducen los entrerrianos de a pie, los que laburan, los que patena la calle, también tendrían una mayor implicancia si se tocan  algo que no dice el proyecto “los honorarios” de aquellos funcionarios que tiene 3 o 4 sueldos y que disfrazan sus ingresos estatales bajo tal concepto.

Hablamos de aquellos funcionarios que tienen un importante cargo, y aparte son síndicos o gerentes de empresas estatales.

El proyecto de Bordet no plantea el descuento sobre dichos ingresos, claramente porque para la ley, que burlan constantemente con vericuetos denominativos, no son remuneraciones, sino “honorarios”.

300, 400, y hasta 500 mil pesos mensuales de ingresos bajo la denominación honorarios, gratificaciones y demás, que no están comprendidos en el artículo 4 del proyecto que los diputados este miércoles aprobaran.

Estos, los verdaderos no ricos, sino millonarios, de la Provincia, con la complicidad de otros millonarios –los diputados- no colaboraron en la “transformación en saludadle” del Estado.

Otra de las propuestas que deberían incluir, si verdaderamente buscan la sostenibilidad de la Provincia –aunque ya está más que claro que no es así- es que se incrementen en porcentajes elevados los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales cuyo avaluó supere el millón  pero exceptuándose a todos los entrerrianos.

Los lectores se preguntaran ¿Cómo? ¿Qué dice el Portal?

La cuestión es muy simple y clara: existen una infinidad de sociedades, personas físicas que aparecen registradas como titulares de inmuebles urbanos y rurales, infinidad e hectáreas y residencias muy costosas cuyo domicilio no es Entre Ríos, es decir, figuran inscriptas o domiciliadas en otras provincias e incluso en el exterior.

Se estima, es sumamente probable, que de esta manera aparecerá una lista populosa de funcionarios propínales, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, importante todos ellos y que hoy se encuentra defendiendo a capa y etapa el ajuste, que figuran ya sea como accionarios o sus testaferros como titulares o cotitulares de aquellas sociedades dueñas de un gran porcentaje de nuestro suelo pero que pagan como cualquier entrerriano.

Esta si sería una medida progresista y saludable para las arcas públicas que, sustentaría en menos del año que propone el proyecto de le de ajuste, el déficit de la Provincia.

Areneras, empresas transportistas, bodegas, empresas relacionadas a los puertos que operan en distintos puntos de la provincia, que tienen infinidades de inmuebles que se conoce que detrás están importantes funcionarios como los verdaderos dueños pero que no tributan o que lo hacen como cualquier entrerriano cuando no le reportan un solo beneficio a la provincia.

La plata la sacan, se la llevan en, no en pala o carretilla, sino en excavadoras y camiones, esquilmando a la Provincia.

Que los legisladores le exijan a estos inescrupulosos funcionarios, sus sociedades o testaferros, que paguen más y no a los trabajadores y jubilados, ¿o también son parte de estos negocios?

¿Y qué decir de los gastos reservados en la legislatura? Supo este medio por fuentes de economía de la provincia que la Lic. Laura Stratta, como vicegobernadora de la provincia tiene asignado de manera mensual la cifra aproximada de 3 millones de pesos para su manejo exclusivo en competo de gastos reservados.

En la misma cifra, ya mencionamos, esta su par de diputados, Giano.

Si Stratta y Giano poseen el manejo de este descomunal monto mensual, ¿Cuánto entonces le corresponde a Bordet?. Imagínense lo lectores, 4, 5 o 6 millones mensuales, de mínimo.

La pregunta que se erige no puede ser otra, desde el 13 de marzo estamos con la emergencia sanitaria decretada, ahora se plantea no solo sanitaria, sino social económica, financiera, fiscal, previsional y administrativa por un año, con la actividad totalmente parada ¿Qué sentido tiene seguir despilfarrando en gastos reservados? No hay viajes, no hay actos, no hay hospedaje en hoteles, no hay absolutamente nada, los exorbitantes montos no se justifican en nada cuando ni siquiera ya hay camas en los hospitales y menos insumos sanitarios.

Hagamos los cálculos, 3 millones de Stratta, 3 para Giano, promedio 5 para Bordet, para el resto de los ministros promediemos en 2 millones más (6 ministros), nos da una suma mensual de 23 millones, en 365 días 276 millones de pesos que se suman a los 1041 millones del anterior calculo.

1317 millones de pesos en un año si se suspendieran los contratos de los legisladores, el 80% de la publicidad oficial y los gastos reservados.

Si a este monto le sumamos lo que todos los entrerriano se ahorrarían con la baja de los 1200 nuevos funcionarios que designó Bordet para su segunda gestión con sueldos que van entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales, el ahorro es sideral.

Estimando un promedio de 150 mil pesos mensuales para cada funcionario solo de sueldo, en un mes el Estado se ahorraría 180 millones pesos, al año, y remarquen la cifra los lectores, 2.160 millones de pesos.

Esta propuesta, surgida del clamor popular, de lo que exige la ciudadanía, que venía exigiendo desde enero y que ahora se replica aún más por la pandemia, sería lo verdaderamente progresista y solidario a implementar por el Gobierno Provincial.

Sin embargo no, muy lejos de esto, los diputados cómplices, con intereses personales involucrados, buscan que el ajuste lo sufran exclusivamente los trabajadores y jubilados, sin medir las consecuencias, el impacto que la ley tendrá en la economía de miles de familias que deben pagar alquiler, colegio de los chicos y demás cuestiones esenciales.

Para los diputados, estos, son quienes, quienes deberán costear la fiesta de la emergencia.