El eterno soñador entrerriano despilfarró 28 millones de pesos por la difusión de 4 videos
El 9 de octubre de 2015, Entre Ríos Ahora reveló aspectos hasta entonces desconocidos de la tramitación de la contratación de Nelly Entertainment SA, la empresa del empresario farandulero Jorge «Corcho» Rodríguez encargada por el gobierno de Sergio Urribarri para difundir, en 2014, cuatro videos publicitarios para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que ese año se reunió en Paraná.
Al final, esos videos tendrían un fin más pedestre, según la tesis de la Fiscalía: la millonaria contratación, casi $30 millones, no tuvo por fin hacer conocer la cumbre de presidentes en Paraná sino instalar la figura de Urribarri, subido a la ola de su propio «Sueño Entrerriano».
El caso ya fue ventilado en Tribunales, el lunes 27, por boca de la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, durante el alegato de apertura. Ese día, Urribarri, comenzó a ser juzgado en los Tribunales de Paraná por tres causas por supuestos hechos de corrupción que conforman un megajuicio. Una de esas tres investigaciones penales refieren a los gastos para el Sueño Entrerriano, aquella aventura electoral de Urribarri por conseguir la precandidatura a Presidente de la Nación, en 2015, que finalmente no pudo ser.
En la causa del “Sueño Entrerriano” se agrupan otras tres investigaciones; una de esas es la que desnuda el peculiar procedimiento que se llevó a cabo en la Administración para conseguir contratar, en tiempo récord, a una firma publicitaria, Nelly Entertainment SA, del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, para la difusión de cuatro videos para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Paraná.
Pero esos videos, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, fueron en realidad encargados para potenciar la figura de Urribarri y no para contar de qué venía la Cumbre del Mercosur. .
Dice la imputación fiscal sobre ese hecho: «A través de la gestión realizada en el Expediente Administrativo Nº 1656798 iniciado con fecha 25 de noviembre de 2014, se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) -cuya administración y disposición estaba a cargo de Sergio Daniel Urribarri en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos- la suma de $ 28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.
Agrega al respecto: “Concretamente, en el marco del expediente mencionado, el exgobernador Urribarri, dictó el Decreto Nº 4800/14, de fecha 9 de diciembre de 2014, mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000 para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno. Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la Ley 10.327 (art. 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA en la persona de su presidente Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”.
En la causa están también imputados el exministro de Cultura, Pedro Ángel Báez, y los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes y Gustavo Tórtul.
La tramitación de la contratación del «Corcho» Rodríguez y su empresa Nelly Entertainment SA fue contada en 2015 por este portal.
La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47ª Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.
La autorización legal permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de $28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur.
O sea, buena parte de ese gasto se habría usado para pagar el “Sueño Entrerriano” de Urribarri y la instalación de su figura en el orden nacional, hasta que su candidatura terminó opacada por Daniel Scioli.
https://fb.watch/8jyZlp5Uuf/
Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.
Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.
Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de Noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.
Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.
Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10327 autorizaba a la contratación directa, en su artículo 8ª mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.
Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de 4 días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7.10 y las 9.55 horas.
Con las ofertas a las vista, Báez y los funcionarios de su ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que $31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan poca referencia tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”.
Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
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