Suspenden a la Procuradora Adjunta y apartan al Ministerio Público Fiscal

JURY:El Jurado de Enjuiciamiento votó, por 6 a 1, abrir causa por supuesto mal desempeño a la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche y suspenderla en el cargo. Además, aparta al Ministerio Público Fiscal de la acusación. 

El Jurado de Enjuiciamiento ya tiene lista la resolución en torno al pedido de jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche,  y por estas horas el texto está siendo firmado por los siete miembros que integran el organismo, quienes ya están al tanto de lo resuelto: por 6 votos a 1 se decidió abrirle causa a partir de las denuncias presentadas por los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después por supuesto mal desempeño en su función.

Esa votación ya fue adelantada por Entre Ríos Ahora: el Jurado de Enjuiciamiento  está integrado por 7 miembros:  el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, los vocales del STJ Daniel Carubia, y Claudia Mizawak: los tres votaron por abrir causa a Goyeneche; también lo hizo el senador Armando Gay (Frente Creer); en cuanto a los miembros del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos rechazó la denuncia, mientas que su colega Sonia Rondoni votó por darle curso favorable. El último voto, del diputado provincial Gustavo Zavallo (Frente Creer) también se inclinó por abrirle causa a la Procuradora Adjunta.

Ahora, la nueva decisión que se tomó es suspender por un plazo de 6 meses a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción-que en estos días está al frente de la acusación en el megajuicio que se sustancia al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri- , una determinación que había sido resistida por algunos jurados.

Pero el dato que preocupa sobremanera a algunos en la Justicia es apartar al Ministerio Público Fiscal en pleno del rol de la acusación en el jury a la Procuradora Adjunta. «Es lo más preocupante -confió una fuente-. Esto es absolutamente ilegal. La ley dice que quien lleva la acusaación en el Jurado de Enjuiciamiento es el Procurador General, y si el Procurador se excusa, actúan los subrogantes legales. Pero no un fiscal que d esigne a su antojo el Jurado de Enjuiciamiento. Esto es absolutamente arbitrario. Es constituir un tribunal a medida del Jurado de Enjuiciamiento».

La situación plantea una situación inédita y abre un interrogante: qué organismo suplantará a la Procuración, el órgano que constitucionalmente ejerce la función acusadora, en el proceso que se le abre a la Procuradora Adjunta.

 

El Jurado: Mizawak, Campos, Zavallo, Gay, Carbonell, Carubia y Rondoni.

La acusación

A Goyeneche se le reprocha su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, una investigación penal que se abrió en la primavera de 2018 y que busca desentrañar si realmente existió una «asociación ilícita» que distrajo millonarias sumas de dinero de las arcas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, mediante la celebración de contratos laborales con monotributistas que recibían una ínfima parte de lo pactado: el grueso tenía un destino que la pesquisa judicial de momento no pudo determinar. Uno de los investigados, Pedro Eduardo Opromolla, tuvo relación comercial con la Procuradora Adjunta.

Goyeneche estuvo coordinando la investigación de la causa de los contratos truchos  desde el inicio , en la primavera de 2018, y hasta el 29 de mayo de 2019, cuando se apartó de la causa.  «Los planteos de recusación, que se apalancaban en las ´noticias´ publicadas en base a la información que construía y hacía circular la propia organización investigada, eran articulados sosteniendo que la suscripta mantenía un vínculos comerciales o de sociedad con el imputado Pedro Eduardo Opromolla, lo que, con el pasar del tiempo, fue mutando para pasar a sostenerse en esos artículos de prensa, que mi esposo era socio del estudio contable Integral Asesoría (el que fue allanado el 3/10/18 y sus integrantes -Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, y también el Licenciado en Sistemas Nicolás Beber y el corredor Inmobiliario Renato Mansilla- acusados por el MPF)».

Durante los años 2010/2016 mi esposo Sr. Luis Sebastián Orlando Bertozzi se desempeñó laboralmente en el estudio de arquitectura de Gastón Grand y José L. Churruarín, en donde se realizaron algunos proyectos de construcción, con la estructura de fideicomisos. Esto condujo a que resolviéramos realizar inversiones en esos proyectos, sobre lo que acompaño documental, no sin antes aclarar que en la maledicente denuncia, se insiste en afirmar -falsamente- que documental vinculada a estos aspectos habría sido secuestrada casualmente en los allanamientos realizados en el estudio contable ´Integral Asesoría´ el día 3/10/18 (queriendo brindarle a sus elucubraciones, un sentido de ´descubrimiento´ de una verdad ocultada). Nada de ello es cierto pues ninguna documental vinculada con estos aspectos fue secuestrada en ningún allanamiento», dice más adelante.

Respecto a ese punto, señala que adquirió mediante un fideicomiso»el 50% indiviso de la Unidad Funcional sometida al régimen de propiedad horizontal que forma parte del edificio con domicilio parcelario en calle La Paz Nº 236, Unidad Funcional Nº 32, planta 11vo. Piso, superficie exclusiva: 39,83 m2. y Unidad Complementaria Nº III -baulera-, propiedad exclusiva 3,10 m2. El inmueble fue adjudicado por Escritura pública del 14/12/2016 (copia acompañada como prueba 1A)». Luego, agrega: «Posteriormente, en fecha 09/03/2017, adquirí el 50% indiviso restante a al CPN Pedro E. Opromolla, operación realizada por boleto de compraventa, con firma certificada por Escribano Público (Libro de Registros e intervenciones Nº XXX Acta Nº 158, Folio Nº 158 del escribano Humberto Gracia – se acompaña copia como prueba 1B).- La autenticidad y fecha cierta del instrumento se infiere no solo de la certificación notarial sino también de la constancia de pago del sellado correspondiente a dicho contrato, emitida por la oficina fiscal respectiva (ATER). A su vez, la titularidad del inmueble de referencia fue oportunamente denunciada en la respectiva declaración jurada de Bienes Personales (prueba 2C) y la presentada en el Poder Judicial».

El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

 

Además de su remoción, el letrado solicitó que Goyeneche sea suspendida mientras se tramita la causa por presunta falta de idoneidad moral, mal desempeño de sus funciones, e incumplimiento de los deberes a su cargo.

El abogado oriundo de Victoria enumeró una serie de hechos, que respaldó con publicaciones periodísticas. En primer lugar, calificó de grave la actuación de la fiscal en una causa en la que se descubrió que tenía una relación comercial con Pedro Opromolla, uno de los imputados e integrante del estudio contable Integral Asesoría.

En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento había resuelto rechazar un primer pedido de enjuiciamiento de Reggiardo contra el Procurador General Jorge García.

El Jurado de Enjuiciamiento se declaró competente y desestimó denuncia contra el Procurador General de la Provincia, Jorge García, que había sido denunciado por mal desempeño el 21 de noviembre de 2018 por el abogado Carlos Reggiardo.

El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por mayoría declararse competente para entender en la causa originada a partir de la denuncia del abogado Carlos Guillermo Reggiardo contra el Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García.

Los entonces jueces Emilio Castrillon, Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Roberto Beherán y Jorge Campos entendieron que el organismo que integran era competente para tratar el tema, en tanto los jurados Diego Lara y Ángel Giano consideraron que debía tramitarse “el juicio político” ante la Legislatura provincial.

Asimismo se resolvió, por unanimidad, desestimar 12 de los 13 cargos denunciados por Reggiardo contra el Procurador García, entendiendo que no tenían entidad suficiente para formar causa.

En tanto, por mayoría, Lara, Giano, Carubia, Carlomagno y Beherán desestimaron el cargo denunciado contra García por no haber acusado al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, Carlos Rossi (art. 27. Ley 9283), quien fue sometido al Jurado de Enjuiciamiento, mientras que Castrillon y Campos entendieron que por este motivo debió declararse admisible la denuncia y disponer la formación de causa (art. 20 y 24 leyes 9283/9513).

Lo que resolvieron los jurados fue  la admisibilidad del planteo contra el jefe de los fiscales.  Y lo que resolvieron fue rechazar la acusación que había formulado el abogado Carlos Reggiardo, el mismo que había motorizado el juicio político al exvocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz, proceso que devino abstracto tras la renuncia del magistrado.

 

El  pedido de jury al Procurador fue presentado el 21 noviembre de 2018. En el escrito, el abogado Reggiardo pidió “la apertura del procedimiento de remoción del fiscal denunciado, ordenando la suspensión y oportunamente la destitución” del jefe de los fiscales, y fundó esa petición en una serie de planteos, como “falta de idoneidad”, “incumplimiento del deber de acusar” en el jury al juez Carlos Rossi, sometido a investigación por su actuación en la liberación del femicida de Micaela García, Sebastián Wagner; también por “denegatoria del derecho de acceso a la información”; por la designación de fiscales auxiliares sin dar intervención al Consejo de la Magistratura; por “tráfico y abuso de influencias”; y, entre otros reproches, por “operaciones de prensa”.

Ahora, mientras el Jurado de Enjuiciamiento tramitaba la denuncia de Reggiardo contra Goyeneche, hubo una segunda presentación: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet presentaron ante el Jurado de Enjuiciamiento sendos pedidos de jury -con la accesoria de apartamiento temporal de sus funciones mientras dure la investigación- del Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, y de la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche.

En un texto de 100 páginas, Pagliotto y Mulet desarrollan sus cargos contra el Procurador y la Procuradora Adjunta, a quienes reprochan mal desempeño, incumplimiento de deberes funcionales y graves desórdenes de conducta, lo que también podría llegar a constituir, eventualmente, conductas tipificadas en el Código Penal, lo cual abriría la posibilidad de iniciar una Investigación Penal Preparatoria a ambos altos funcionarios.

 

A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. «Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García  de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos, expediente «del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora


INFORMACIÓN RELACIONADA - 30/11/2021

Marsó aceptó que hubo fotos de Urribarri en el parador

Megajuicio a Urribarri: ¿el parador que se montó en Mar del Plata y que le  costó a la Provincia $14 millones se usó para la campaña de Urribarri?. Hoy declaró el exministro de Turismo, Hugo Marsó.

El exministro de Turismo, Hugo Marsó, declaró como imputado en el megajuicio que se sustancia contra él y el exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, empresarios y particulares por tres grandes causas de corrupción. Marsó habló sobre una de esas investigaciones penales,  la instalación de un parador playero en Mar del Plata a comienzos de enero de 2015. La tesis de Fiscalía es que fue parte del “Sueño Entrerriano” para instalar a nivel nacional la figura de Urribarri, entonces embarcado en campaña para la Presidencia de la Nación. De ahí la insistencia de los fiscales Patricia Yedro y Juan Francisco Ramírez Montrull en preguntar por qué ne le parador playero estuvo la foto de Urribarri y la leyenda «Gobernación Urribarri».

De modo enfático, Marsó negó que haya tenido un fin proselitista la instalación de ese parador, y asumió que tuvo la idea, en el verano de 2014, de que Entre Ríos tuviera su propio parador en la costa atlántica. La idea cuajó a mediados de ese año en una reunión de Gabinete, completó. Pero en su relato aceptó que en los peloteros gigantes instalados en la playa de Mar del Plata apareció la figura de Urribarri que, aseveró, no era el fin del parador. “Surgió una foto con la cara de Urribarri. Eso nos hizo tomar una serie de recaudos por eso. Yo no sé lo que pasó. No somos una investigadora para ver qué paso. Lo mandé a (el entonces secretario de  Turismo) Alfredo Bedriñan para que saque esa foto. No sé si alguna vez estuvo, o pudo haber sido un montaje», dijo.

-¿Estuvo en la inauguración del parador el 3 de enero de 2015?

-Sí.

-¿Estaba la foto?

-No.

 

Marsó, que viene de una empresa familiar dedicada a la actividad avícola, dice que se metió en política después de la crisis de 2001. “Me fueron a charlar para meterme en política. Soy un poco soñador y soy esa persona que cree y bueno, acepté el desafío y entré en la política”, contó sobre sus orígenes, aunque no develó quién lo convocó. Recordó que se dedicó a caminar su ciudad, Colón, y se postuló en 2003 a la Intendencia de su ciudad, y ganó. En 2007 quiso revalidar mandato y volvió a ganar. “Realmente, cuando llego a la intendencia, al único que conocía era a Urribarri, pero no por la política, sino porque en la secundaria éramos de la misma promoción y nos tocó lo servicio militar, en Infantería de Marina. Y eso marca una etapa bastante importante.  Son relaciones que no se borran. Y lo que fue Infantería de Marina y todo lo que implicaba en el 77”, recordó.

Resaltó el haber sido el primer ministro de Turismo de Entre Ríos, cargo al que llegó convocado por Urribarri. En realidad, el exgobernador lo llamó para formar parte de la lista de candidatos a diputados provinciales. Urribarri sorteó la ubicación de cada uno de los elegidos, y Marsó fue beneficiado por la suerte: salió en primer lugar.  Pero no fue legislador. “En 2011 tenía ganas de volver a mi casa. Pero recibo una llamada de Urribarri, que quería que lo acompañe en la lista de diputados. Me pidió que viniera a Paraná, porque iba a sortear los lugares. No sé si fue la suerte o qué, pero salí sorteado número 1. Al día siguiente, me llama y me dice que tiene un lugar mejor para mí, que por lo que me conoce, me va a gustar: el Ministerio de Turismo. Quería que el primer ministro de Turismo fuera de Colón”, señaló.

El fiscal Ramírez Montrull le consultó por qué, si la idea del parador se había acordado a mediados de 2014 en reunión de Gabinete, el trámite licitatorio, con tiempos exiguos, arranca el 3 de diciembre de 2014.

-Porque no había autorización para usar Mar del Plata -respondió.

Reveló que el exgobernador lo llamó y lo instó a avanzar con la instalación del parador pero no supo decir si para entonces estaba la autorización de las autoridades marplatenses para plantar la instazlación playera. «Me llamó Urribarri  y me dijo: ´Dale para adelante´. No sé si tenía papel firmado. Pero me dijo que podíamos hacerlo.

-¿Por qué se usaron plazos abreviados para la licitación del parador?

-No sé lo que es un plazo abreviado. O es legal, o se puede hacer o no se puede hacer. A mí me dijeron que eso se podía hacer.

El fiscal insistió con la instalación playera y le preguntó si se cercioró de que en el parador había fotos de Urribarri y leyendan que decían «Gestión Urribarri».

-La verdad que no me acuerdo. Tampoco hubiera sido raro porque es un nombre instituiconal. Es muy común que se use eso.

-¿Vio fotografías?

-No. No vi nunca.

 

 

Ese parador se inauguró el 3 de enero de 2015 y para su montaje la Provincia pagó más de $14 millones a la empresa El Juego en que Andamos SRL, del empresario Gerardo “Foia” Caruso, gerente entonces del programa Fútbol para Todos.

 

 

Aquel día

“Venimos a mostrar todo lo que hicimos en Entre Ríos en estos siete años de gestión, en este lugar tan lindo y popular al que vienen a veranear miles de argentinos gracias a este modelo de crecimiento con inclusión social impulsado por Néstor y Cristina Kirchner”.

De ese modo, Sergio Daniel Urribarri se presentó el sábado 3 de enero de 2015 en la playa La Perla, de Mar del Plata, cuando inauguró el parador.

https://entreriosahora.com/megajuicio-fue-el-trampolin-del-sueno-entrerriano/

La contratación con la empresa de «Foia» Caruso para instalar aquel parador se tramitó a través del expediente Nº  1656830, que inició el 5 de diciembre de 2014 el Ministerio de Turismo.

El 12 de diciembre de ese año se dictó el decreto Nº 4.804 que autorizó la “contratación de un servicio de instalación, montaje, logística y puesta en funcionamiento de un Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para el mes de enero de 2015”.

El 29 de diciembre de 2014, se dicta el decreto Nº 5.120 que aprobó “todo lo actuado en la Licitación Pública Nº 69/14” para instalar el mentado Centro de Recreación, Información y Promoción Turística en Mar del Plata. Y adjudicó la contratación del servicio a la firma “El juego en que andamos SRL”, por un monto de $14.561.870, “por cumplir con los Pliegos de Condiciones, resultar el precio razonable y conveniente a los intereses del Estado y ajustarse a las característica del servicio requeridos de acuerdo a lo expresado en la oferta y la documentación aportada”.

Una de las 30 palmeras que plantaron en la arena de la playa de Mar del Plata.

 

 

La licitación resultó curiosa: se presentaron dos firmas nada más. “El juego en que andamos SRL” y “Castromil SRL”. Pero se rechazó la segunda “por no encontrarse inscripta en el Registro de Proveedores del Estado” y haber “cotizado por un precio más alto”.

Todo ese trámite, según Urribarri contó en una declaración pública que distribuyó a los medios tras su presentación en Tribunales cuando la causa penal estaba en trámite, incluyó la intervención de distintos organismos. Dijo que “así como la Contaduría General de la Provincia se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha la denominada cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público”.

Las dudas en torno a la rapidez del trámite y la falta de participación de organismos de control llevó al exsenador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos) a presentar una denuncia en la Justicia. Así surgió el Legajo Nº 58383, caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Marsó Hugo José María, Aguilera Juan Pablo, Cargnel Corina, Caruso Gerardo Daniel s/Peculado en concurso ideal con defraudación a la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La acusación de la Fiscalía señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento del parador, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar, con fondos públicos, su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015. Como es sabido, esa pretensión se frustró cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner eligió como candidato del Frente para la Victoria (FPV) a Daniel Scioli.

Para el cometido, según la Fiscalía, se utilizó una maniobra en la que intervino una empresa vinculada al exdirector de Contenidos del “Fútbol para Todos”, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y la contadora de las empresas de éste. Los imputados por peculado, fraude al Estado y negociaciones incompatibles fueron citados a declarar en el siguiente orden: el 4 de diciembre será la indagatoria a Aguilera y la contadora Corina Cargnel; el 11, la de Marsó y Caruso; y el 15 será el turno de Urribarri. En principio, Marsó y Urribarri estaban citados para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre, respectivamente, pero lograron aplazar la indagatoria.

La operación se resume del siguiente modo: la Provincia convocó a una licitación pública con plazos reducidos; a la compulsa se presentaron dos firmas, “Castromil SRL” y “El Juego en que andamos SRL”. La primera perdió, porque, insólitamente, no estaba inscripta en el Registro de Proveedores del Estado, requisito básico y conocido en ámbitos empresariales y públicos.

De modo que descartado el competidor –que en la Justicia consideran ficticio o simulado-, se contrató a la empresa que supuestamente se quería beneficiar desde el inicio. La maniobra continuó cuando la firma contratada gira una parte de ese dinero a la subcontratación de publicidad de campaña. Para hacer efectivo este paso fue indispensable de empresas intermediarias, entre las cuales se encontraban las del cuñado del gobernador.

“El Juego en que andamos SRL”, de la que es socio gerente Gerardo ‘Foia’ Caruso, fue la firma que levantó el parador. En la Justicia cuentan con elementos que probarían que una parte de los $14 millones que se le pagó fueron destinados a subcontratar a la cooperativa de trabajo “X la Plata Publicidad” Ltda. para realizar una campaña de difusión de la figura de Urribarri como precandidato a presidente. Por el servicio de cartelería en el vía pública a esta firma se le pagaron $338.800.

La firma que integra Caruso, según la acusación de Fiscalía, también habría hecho un “retorno” de dinero en efectivo al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera por $ 2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas de su propiedad, Tep SRL y Next SRL, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700.

Además, señalan que la operación no pudo llevarse a cabo sin la colaboración de Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera. La profesional se habría encargado de confeccionar las facturas para las firmas y los retornos.

Los trámites para contratar a “El juego en que andamos SRL” se iniciaron el 5 de diciembre de 2014, cuando el entonces ministro Hugo Marsó interesó a Urribarri la instalación del parador para difundir la marca Entre Ríos como destino turístico en Mar del Plata. En el expediente de la causa por el parador, se considera que esa solicitud fue justificada de forma “ficticia”, ya que la verdadera razón era promover la precandidatura de Urribarri.

Según la acusación, Urribarri y Marsó tuvieron el “aporte imprescindible” de Gerardo Caruso, socio gerente de la firma contratada y, entonces, director de Contenidos del Fútbol para Todos. Los investigadores entienden que “Foia” contó con “información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma”, y que tuvo la connivencia de Urribarri, Marsó y Aguilera. Y recalcan que la licitación pública N°69/14, fechada el 29 de diciembre de 2014, se realizó con una convocatoria con plazos reducidos.

La firma tiene su sede  en Vera 952, piso 5°, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin embargo, en manos de los fiscales hay un documento en el que se consignó el domicilio del entonces Secretario de Justicia Rubén Virué, quien renunció al cargo el 5 de junio de 2015.

Ese dato llamó la atención a los investigadores al momento de analizar la documentación referida a la firma que integra Caruso. La dirección de la vivienda particular de Virué es calle Las Heras 207 en la ciudad de Larroque, departamento Gualeguaychú, y aparece en la documentación presentada en la provincia por “El Juego en que andamos”. La acusación fiscal consideró ese dato como ficticio.

Según supo Entre Ríos Ahora, Virué declaró como testigo en la causa hace dos semanas y aclaró por qué su domicilio aparece vinculado a la firma de Caruso. El exfuncionario señaló que se la habría proporcionado su hijo Fernando Virué, un periodista deportivo que trabajó como asistente de producción en “Fútbol para Todos”, donde “Foia” era su jefe.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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