El sindicalista José Allende está jubilado, cobra más de $ 400 mil por mes, admitió haber robado al Estado y pretende seguir conduciendo UPCN

REPRODUCCIÓN TEXTUAL DE LA PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS DIGITAL. Allende quiere renovar su mandato en UPCN a pesar de estar jubilado e impedido de hacerlo

Está jubilado, cobra más de $ 400 mil por mes, admitió haber cometido delitos y pretende seguir conduciendo UPCN

Las elecciones de UPCN Entre Ríos están plagadas de irregularidades. El acto eleccionario que está previsto para el próximo 2 de junio atraviesa una polémica que tiene como principal protagonista al actual secretario General José Ángel Allende.

El exdiputado pretende renovar su cargo que ostenta desde 1998 aunque el estatuto de UPCN no se lo permite por estar jubilado. La norma es clara en el artículo 51 donde asegura que "los miembros de la Comisión deberán ser agentes en actividad".

Allende está jubilado desde el momento en que abandonó su banca como diputado a finales del 2019 y percibe un haber jubilatorio concreto superior a $400.000 por sus actividades como legislador y empleado del Estado. Precisamente $420.972 cobró referido al periodo de febrero de este año.

Esta irregularidad debió ser detectada por la Junta Electoral de UPCN, compuesta por José Carlos Mayer, Juan Carlos Caminotti y Juan Mauro Caminos. Sin embargo, hay pruebas suficientes de que la Junta Electoral responde a Allende a pesar de que debería ser "independiente".

No se explica de otro modo su actitud reiterada que puede observarse en el ocultamiento de información para quienes pretenden competir contra Allende.

La principal irregularidad es que ante la solicitud por parte de otra lista, denominada Naranja Renovación Joven, la Junta se negó a informarles sobre la existencia -o no- de listas competidoras en el proceso eleccionario.

La respuesta de la Junta, ante la presentación mediante escribana pública, fue que contaban con 48 horas para hacer impugnaciones y que por eso no daban a conocer la información. Es decir: una lista que presentó en tiempo y forma sus papeles no podía acceder a saber si tenían rivales en el proceso eleccionario durante el período de impugnación.

Surgen algunas preguntas: ¿Quién podía impugnar una lista si la desconoce? ¿Qué motivos habría para que se oculte la existencia de la lista oficialista? ¿No será que el principal candidato de dicha lista está invalidado por estatuto para participar?

Esto lo dejaron registrado en un acta notarial que reprodujo los términos de la negativa de la junta electoral: "El tribunal le responde que no van a dar esa información, tampoco nombre de la lista, sus miembros ni avales".

Incluso, al finalizar el plazo de 48 horas expresado por la Junta Electoral -el 9 de abril-, los opositores a Allende se dirigieron a la oficina de la Junta para conocer si había -o no- otras listas. La oficina estaba cerrada a las 17.20 horas a pesar de que en la puerta había un cartel que indicaba que en ese horario debía permanecer abierta.

Incluso, una vez vencido el plazo al otro día, solicitaron que se les informe sobre la existencia de otras listas y no obtuvieron respuesta favorable. "Constato que la puerta y ventanas están cerradas, sin obtener respuesta alguna y dejo constancia que siendo las 18 horas la oficina no ha abierto sus puertas ni exhibido lista alguna".

A las 23.30 horas del mismo día, lo opositores a Allende se volvieron a hacer presentes en la oficina donde debería sesionar la Junta para conocer si tenían alguna lista contrincante pero el resultado fue el mismo: la oficina estaba cerrada y ninguna lista exhibida.

Además, los representantes de la lista opositora a Allende denunciaron que la Junta Electoral se negó a ofrecerles los padrones certificados para saber quiénes están habilitados para votar y ser candidatos.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas por los opositores al exdiputado en un escrito presentado ante la Agencia Territorial Paraná del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Allí advierten sobre la posibilidad de acudir a la Justicia si es que no obtienen respuestas favorables.

En la presentación solicitan que se tengan por denunciadas "las irregularidades detalladas" y que se intime a la Junta Electoral a expedirse sobre las mismas. Además, reclaman que ante la falta de información sobre la existencia de otras listas, se oficialice formalmente como única nómina la de la Agrupación Renovación Joven - Lista Naranja.

Un burócrata enriquecido

Allende es uno de los tantos ejemplos de dirigentes sindicales que abandonan los intereses de sus representados para formar parte de las filas de los patrones. Además, es un fiel ejemplo de quienes se enquistan en el poder durante décadas para obtener beneficios personales.

Durante casi todo su mandato, además de ser secretario General de uno de los gremios estatales era legislador oficialista: es decir, aliado político del patrón de turno de los trabajadores que supuestamente representaba. Estar de los dos lados del mostrador.

Por otra parte, el patrimonio de Allende sigue siendo el centro de la polémica. Denunciado por la Revista Análisis e investigado por la Justicia por Enriquecimiento Ilícito -y otras dos causas de violencia- Allende reconoció haber acumulado más dinero del que legalmente percibió en el marco de un juicio abreviado que no prosperó por decisión de un Tribunal.

La causa por Enriquecimiento Ilícito deberá continuar por los canales habituales del Poder Judicial, lento para castigar a algunos personajes. En el acuerdo de juicio abreviado frustrado, Fiscalía había logrado no sólo que Allende se reconozca culpable si no que también la recuperación de parte del patrimonio robado al Estado.

Más allá del futuro procesal del sindicalista, queda claro que su patrimonio no condice con el de sus representados que ahora busca, nuevamente, representar al frente de UPCN a pesar de que el propio estatuto del sindicato se lo prohíbe.

Una lista completamente irregular

La lista que encabeza Allende tiene en su interior otra irregularidad personificada en Fabián Monzón. El ladero del exdiputado está como candidato a 1° Vocal Titular a pesar de tener una condena a un año de prisión condicional por Coacciones contra Noelia Trossero, mientras estaba al frente del Hospital Colonia de Diamante.

El mismo artículo 51 del estatuto de UPCN impide que haya integrantes de la Comisión Directiva con condenas firmes tal como la de Monzón.

Para colmo de males, Monzón pretende volver a presentarse como candidato en representación de los estatales en el directorio del Iosper.

Fuente: Análisis DigitalREPRODUCCIÓN TEXTUAL DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO LA NACIÓN. José Ángel Allende, el sindicalista que debe devolver lo que robó

José Ángel Allende, el sindicalista que debe devolver lo que robó

El sindicalista José Ángel Allende quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y tendrá que devolver los casi US$1,2 millones que robó; como beneficio, no irá a prisión.

La escena, que es de la semana pasada, impresiona por lo infrecuente. “¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?”, pregunta el juez. “Sí, señor juez”, contesta el sindicalista en la pantalla gigante. Si todo sale como su defensa lo prevé, José Ángel Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y ex diputado provincial del PJ, millonario, acusado de haberse quedado con casi 1,2 millones de dólares del Estado en el transcurso de los últimos 22 años, deberá devolver lo que robó. Se resolverá mañana por la tarde en Paraná, donde el juez Elvio Garzón dará a conocer si acepta el acuerdo de juicio abreviado.

Allende quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Es lo que quienes propician este procedimiento consideran más valioso: son demasiadas las veces que los corruptos no sólo quedan impunes, dicen, sino que además se reciclan en nuevas funciones. El acuerdo a que llegó con la fiscalía incluye como contraparte un beneficio para él: no ir preso, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses, y la posibilidad, que decidirá otro juez, el de instrucción, de que queden sobreseídos sus hijos Julio, Victoria y Carolina; Adriana Satler, su mujer, y Diana Traverso, su ex, todos ellos involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y a quienes, con excepción de Traverso, ubicó en distintas reparticiones del Estado.

El de Allende es un caso testigo de corrupción típica argentina. El juez debe resolverlo sopesando la postura de quienes se oponen al acuerdo porque piden una pena mayor. Entre ellos, dos víctimas de esta causa múltiple, que además de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública incluye amenazas: la actual ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, a quien el líder sindical hostigó y agredió mientras le pedía remover a la directora del hospital de Diamante, y el periodista Martín Carboni, al que criticó en una radio local comparando la situación con el suicidio de Alfredo Yabrán y el asesinato de José Luis Cabezas.

Allende ha sido desde los 90 uno de los dirigentes más relevantes del poder provincial. Su patrimonio, estimado en 4,5 millones de dólares, creció al amparo de una relación siempre estrecha con los diferentes gobernadores: tiene barcos, casas en Entre Ríos, una colección de autos antiguos y hasta una isla en el Paraná y un departamento en la torre Le Parc, en Puerto Madero. El acuerdo con la fiscalía, ratificado a LA NACION por los abogados del imputado, prevé que devuelva dos casas (una en el Parque Urquiza, con vista al Paraná, valuada en US$720.922, y otra de 378.289 dólares) más 3 millones de pesos en efectivo.

Si prospera, el procedimiento interpelará de algún modo a todo el poder provincial. Entre ellos al gobernador, Gustavo Bordet, que designó hace cinco años a Satler, la mujer de Allende, en un cargo ad honorem en el ministerio de Salud: la nombró coordinadora de la Unidad Ejecutora de Conservación, una dependencia que se encarga del mantenimiento de los hospitales. Y también a Sergio Urribarri, actual embajador en Israel, que condujo los destinos de la provincia hasta 2015 y tiene tres causas dispuestas ya para el juicio, entre ellas, una que lo investiga por el supuesto desvío de fondos en la campaña mediante la cual pretendía ser candidato a presidente y llamó “Sueño Entrerriano”.

En su libro El Nido, el periodista Daniel Enz, uno de los que sacó a la luz el caso desde la revista Análisis en 2012, dice que Urribarri fue uno de los que se oponía a que el sindicalista se declarara culpable. Lo expone con una anécdota previa a otro intento de acuerdo con la fiscalía, a fines del año pasado, que finalmente el juez desechó. Cuenta Enz que el entonces gobernador llegó a objetar la decisión en una conversación privada con Allende: “¿Vos sos loco, Ruso? ¿Sos consciente del precedente que nos generás si acordás eso?” El acusado le contestó que lo hacía para excluir de la causa a su familia.

Es una pretensión que en rigor depende del juez de instrucción. Porque Allende los involucró directamente. Lo admite él en el acuerdo. Entre 2008 y 2011, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados, le suministró 128 subsidios a la fundación Esperanza, que presidía su mujer, Satler, y en la que figuraban su hija Victoria como tesorera y él mismo como secretario del Consejo de Administración. Una maniobra que sumó casi 1,5 millones de pesos de entonces y que podría resumirse en una vieja broma que el economista Juan Carlos De Pablo suele hacer sobre aquellos lobbies de intención dudosa: “Hay que aprobar el subsidio a mí”.

Francisco Olivera