Un gobierno a contramano de la ciudadanía
El traslado a los Estados Unidos de una numerosísima comitiva presidencial demuestra el despilfarro de dinero público y una enorme insensibilidad social.
Como en muchos otros pedidos de rendición de cuentas al gobierno de Alberto Fernández, las explicaciones oficiales respecto de la abultada comitiva que lo acompaña en su viaje por Estados Unidos no solo no se ajustan a la realidad, sino que resultan provocativas en un momento en el que el país atraviesa una de sus peores crisis económicas y, por ende, cuando más se esperan gestos de austeridad.
Cuarenta y ocho personas conforman la comitiva, que incluye a la primera dama, Fabiola Yañez, y a su asistente personal, estilista y asesora, Carolina Marafioti, quien se hizo públicamente conocida por haber participado de la ilegal fiesta de cumpleaños de Yañez, realizada en plena pandemia, en la quinta de Olivos.
Tras las críticas, el Gobierno explicó que se trata de “la comitiva más reducida” en lo que va del mandato del Frente de Todos, ya que, del total, solo viajaron nueve funcionarios y que el resto es personal de “seguridad y apoyo”, lo que incluye a Marafioti. Entre otros, viajaron 11 personas del área de prensa y 12 funcionarios de la Casa Militar. Argumentan las autoridades que la seguridad del jefe del Estado se coordina con las casas militares de otros países a fin de armar las “cápsulas” presidenciales y que, en caso de que viaje la primera dama, se duplica el personal porque son cápsulas distintas. Dos aspectos por destacar en esta explicación oficial: el primero es que no es la comitiva más reducida de todo el mandato de Alberto Fernández. En marzo, por ejemplo, viajó con alrededor de 15 personas a Chile para asistir a la asunción de Gabriel Boric, número que también fue criticado al compararlo con las pequeñas delegaciones del resto de los mandatarios de la región. El segundo aspecto es precisamente haber tenido que duplicar la seguridad por el viaje de Yañez. Es habitual que los jefes de Estado se trasladen con sus parejas, pero lo “habitual” no siempre es sinónimo de “necesario”. Ni de “oportuno”.
Un mes antes, en febrero, el Presidente había viajado con una comitiva de 15 personas, entre las que se encontraban gobernadores y legisladores, a China y a Rusia, con escala de regreso en la isla de Barbados. Más allá de actividades protocolares, como haberse reunido con Vladimir Putin y ofrecerle a la Argentina como la puerta de entrada de Rusia en América Latina, Fernández y sus acompañantes –entre ellos, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii– participaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, visitaron el Museo del Partido Comunista Chino y la Ciudad Prohibida, entre otras actividades de las que obviamente también participó personal de seguridad.
Pero, más allá de los viajes realizados en momentos muy delicados de la vida del país, otro dato se impone como determinante de su falta de pertinencia: los gastos que insumieron y siguen insumiendo. Una investigación de LA NACION publicada en julio último reveló que los viajes al exterior del Presidente costaron más de 2,6 millones de dólares en fletes de Aerolíneas Argentinas. Hasta ese momento, Alberto Fernández había realizado seis giras internacionales para visitar 14 países. Por el estado en que se halla la flota presidencial, el Estado debió hacerse cargo de abonar entre 333.000 y casi 600.000 dólares por vuelo de la aerolínea de bandera. El dato –más que anecdótico, irritante– es que, para esa época, la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis, sostenía que el derecho a viajar “colisiona” con la generación de empleo. Pareciera que para el Gobierno hay en el país hijos y entenados. Los primeros, los funcionarios públicos que viajan, muchas veces, sin necesidad ni oportunidad. Los segundos, cualquier ciudadano que contribuye con su esfuerzo personal a las arcas estatales, pero al que se le niegan infinidad de derechos en aras de sostener ingresos que la política se siente habilitada a retener o a despilfarrar usándolos para su beneficio exclusivo.
Cuando se da este tipo de situaciones no es extraño entonces que muchísimos ciudadanos de a pie se sientan estafados y, lamentablemente, sean cada vez más los que descreen de la política, en desmedro de la enorme cantidad de dirigentes honestos y probos con que contamos.
Lo que se muestra desde las máximas autoridades de la Nación es eso: desinterés por los problemas que atañen a la amplísima mayoría de la gente. ¿Qué tipo de modelo, de patrón o de pauta es decir lo que decía Batakis si su propio jefe político actuaba en sentido contrario? ¿Qué cree la dirigencia en el poder que piensa la sociedad cuando se firman resoluciones administrativas para congelar el ingreso de empleados al Estado y, al mismo tiempo, se publica en el Boletín Oficial o se decide en el Senado de la Nación engrosar la planta de la administración pública?
Hay un viejo dicho que alerta que no alcanza con parecer, también hay que ser. Hoy tenemos gobernantes dominados por la representación de cosas que no son, que declaman ética cuando no demuestran tenerla y exigen esfuerzos en los que jamás se incluyen. Son mensajes tan nefastos como destructivos. Urge desandar este camino y empezar a gobernar con el ejemplo.
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