La disyuntiva de ser tontos o corruptos

Qué es preferible, ser juzgados por estúpidos, desprolijos o confiados o, en su caso, asumir las culpas por corrupto. Para la mayoría de los empresarios procesados en la causa de los cuadernos de las coimas, claramente, la primera. Para la Justicia argentina, también. La Cámara de Casación acaba de abrir una puerta de salida a decenas de empresarios y funcionarios que reconocieron haber pagado dinero en negro a emisarios del gobierno kirchnerista. Solo que en vez de juzgarlos por corrupción les permitirá que el mostrador que los atienda sea el de la Justicia Electoral. Algo así como validar la argumentación de que son unos descuidados, que no pidieron recibo por el dinero que entregaron en bolsos y en efectivo para ayudar desinteresadamente a los candidatos oficialistas. Jamás una coima; apenas la suscripción de un bono contribución y el olvido de retirar el talón.


Semejante estructura podría terminar en que la Argentina jamás tenga un culpable por corrupción. La sola mención de una campaña generará un salto del fuero criminal y correccional. La coartada es perfecta, tanto para los que pagan y como para los que cobran. La casta ríe a carcajadas.


El pacto de salida que encontró la Justicia tiene un antecedente. Cuando la causa empezaba a caminar, hubo un primer empresario que esgrimió esta explicación. Los hechos se dieron en el piso 24 de un lujoso edificio de la Avenida del Libertador. Allí vivía un poderoso empresario y hasta ese lugar llegó un emisario del viejo Ministerio de Planificación Federal, que manejaba De Vido y donde reportaba Roberto Baratta. De acuerdo con los dichos del empresario, entregó dinero en efectivo para la campaña.


Cuandodesdetribunaleslocitaron, jamás negó el pago, solo que esgrimió que no eran coimas, sino aportes para una elección. El objetivo era que, como se trata de un delito electoral, debía pasar a ese fuero y abandonar el criminal y correccional federal, el lugar donde se investiga la corrupción. Un descuido contable más que cohecho. Aquel empresario era Hugo Eurnekian, sobrino del poderoso Eduardo Eurnekian. El abogado que logró el objetivo era Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia. Un detalle más: el ahora Presidente era empleado de esa empresa.


Aquella línea argumental es la que se impuso con el guiño que el tribunal le hizo a Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y exdueño de Iecsa, que logró que los pagos que confesó haber hecho deban investigarse como aportes de campaña no declarados y no como coimas.

INFORMACIÓN RELACIONADA 

  • Clarín
  • Lsalinas@clarin.com
  • Consideran que son aportes electorales las coimas reveladas en la Causa Cuadernos

    Las entregas de dinero en 2015 tuvieron que ver con las PASO y fueron destinadas a la línea política que maneja Abal Medina”, dicen los camaristas.

    La Cámara de Casación consideró que los pagos que Calcaterra hizo a funcionarios kirchneristas en 2013 y 2015 no fueron sobornos, sino aportes irregulares a las campañas electorales de los candidatos que auspició Cristina Kirchner. En consecuencia, el tribunal ordenó que esa investigación se haga en la Justicia Electoral y que al empresario de la construcción no se lo investigue por coimas. Calcaterra fue uno de los 31 imputados que admitió en la causa de los Cuadernos de las Coimas que había hecho pagos al gobierno kirchnerista.


    El empresario Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri, logró quedar afuera de la causa de los Cuadernos de las Coimas, en la que se había convertido en uno de los 31 imputados colaboradores. Admitió en su momento el pago voluntario de "aportes de campaña" al gobierno kirchnerista, y por eso reclamó que las acusaciones en su contra tramiten en el fuero electoral y que no se lo lleve a juicio por el pago de sobornos. La Cámara de Casación le dio ayer la razón a su reclamo.


    Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, fallaron a favor de Calcaterra y su gerente Javier Sánchez Caballero, que pidieron que su caso sea tratado en el fuero electoral.


    El 14 de septiembre de 2022 la defensa del ex dueño de IECSA y su mano derecha "plantearon ante la jueza electoral la inhibitoria del Tribunal Oral Federal 7, por ser la Justicia Federal con competencia en materia electoral y territorial en la CABA, la que posee competencia para entender en los hechos que se les imputan" a Calcaterra y a Sánchez Caballero. El planteo central es que los pagos que realizaron durante la gestión de Cristina Kirchner respondieron a "aportes voluntarios para la campaña electoral" y que tales hechos no debían integrar la maniobra de sobornos investigadas en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas.


    A la hora de fundamentar su reclamo, Calcaterra y Sánchez Caballero señalaron que los pagos realizados “se vincularon con el proceso eleccionario llevado adelante ese año, siendo que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) se concretaron el 1° de agosto de 2013 y las elecciones de legisladores el 27 de octubre del mismo año…”, dijeron durante la audiencia fijada por Casación Federal.


    A su vez, señalaron que las entregas de dinero del año 2015 “tuvieron que ver con las Elecciones Primarias del 9 de agosto y las Presidenciales del 25 de octubre del mismo año” y a partir de las constancias de la causa - específicamente las “(a)notaciones de Centeno en sus cuadernos por las que se acreditó que una parte de las entregas de dinero recolectado por los señores Baratta y Lazarte fue destinada a la línea política manejada por Abal Medina y su secretario Larraburu, quienes colectaban dinero para campañas electorales”.


    La jueza federal con competencia electoral, María Servini, hizo lugar al pedido de la defensa de que el Tribunal Oral Federal 7 -que debe juzgar el caso Cuadernos- no intervenga respecto a las acusaciones que pesaban sobre Calcaterra y Sánchez Caballero por el presunto pago de sobornos. Requirió la extracción y remisión de testimonios vinculados a los hechos investigados "en cuanto se relacionen con pagos efectuados por Héctor Javier Sánchez Caballero y Ángel Calcaterra, durante los años 2013 y 2015 que se llevaron a cabo las elecciones nacionales Legislativas y Presidencial respectivamente”.


    Fue la fiscal general de juicio, Fabiana León, la que se opuso a que el tramo que investiga al primo de Mauricio Macri y a su ex socio tramite en el fuero electoral penal, criterio que convalidó el TOF 7. Este planteo fue apelado por la defensa y por ese motivo la discusión llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal.


    Los magistrados explicaron -tal como señaló la defensa- que hay una "ausencia de tratamiento o valoración a lo pretendido por la defensa de Calcaterra y Sánchez Caballero, quienes, desde la presentación del primero de los nombrados como imputado colaborador señalaron reiteradamente, y de manera consistente, que el destino de los fondos señalados era el de aportes de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria".


    En efecto -continuaron diciendo los jueces- "Calcaterra se presentó espontáneamente en el proceso como imputado colaborador y, en ese marco, reconoció ciertas entregas de dinero, señalando expresamente su causa y destino", esto es: no se trataron de coimas sino de aportes de campaña, resolvió la Sala I.


    En este sentido señalaron que "tal como plantea el ex dueño de IECSA y su ex socio, el destino de los fondos -los aportes de campañafueron un hecho introducido de manera voluntaria por Calcaterra, quien se presentó al inicio del proceso ante el Juzgado 11 del fuero cuando aún no había sido citado ni nombrado". Recordaron que en igual sentido se habían manifestado otros acusados, a quienes le asistieron la razón cuando reclamaron que sus imputaciones sean analizadas en el fuero electoral, como es el caso de Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian -asistido por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Alejandro Ivanissevich. De esta manera el primo del ex presidente ya no será investigado por el pago de sobornos sino bajo la figura de "aportes de campaña", lo que podría devenir en el sobreseimiento del empresario. Aunque la entrega de dinero fue ilegal -no está registrada en ningún asiento ni declarada como aporte electoral- el cambio de fuero y de calificación alejan al primo de Macri del Código Penal y lo depositan en el mucho más suave "delito electoral", por el que podría ser condenado a pagar una multa y la prohibición de ejercer cargos públicos.

    Comentarios

    Entradas más populares de este blog

    Los casos de dengue en la costa del río Uruguay quintuplican a los de COVID-19 de toda la provincia

    Antes de morir tras un accidente en una ruta de Entre Ríos había reclamado por el estado del camino

    Sobre el final de su gestión, Fernández dice que la pobreza está mal medida