La libertad de Urribarri

Por Daniel Enz (*)

Todo lo que sucedió en torno a la libertad de Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera es grave y preocupante. Buena parte de los integrantes de la cúpula judicial hicieron lo imposible para cumplir con el plan para que el exgobernador saliera de la Unidad Penal número de Paraná, después de 50 días de cárcel. Los compromisos políticos y judiciales para con el hombre que más le robó al Estado entrerriano en toda su historia estuvieron por encima de toda lógica y de toda letra escrita plasmada en leyes, códigos o resoluciones.

A Urribarri había que dejarlo en libertad. A ninguno de los jueces “de feria” que votaron a favor de su salida no les importó el privilegio que se le estaba dando con lo que firmaron, ni la posibilidad de alguna reacción carcelaria en las unidades penales, por esa diferencia de clase que impusieron puertas adentro. Eso de “los unos y los otros”. No son pocos los que vienen reclamando lo mismo que Urribarri, hace más tiempo que él, pero a casi nadie le importa, porque así lo establecieron los superiores de la Corte entrerriana.

Tampoco les importó el mensaje que enviaron a una sociedad que hace tiempo viene reclamando que los que vaciaron un Estado, se transformaron en nuevos millonarios y enriquecieron a sus familias por diversas generaciones, generando más pobreza, más marginalidad, más hambre, más dolor, más muerte, pague con sus culpas en la cárcel. Por eso se diferenció claramente el voto del vocal Miguel Angel Giorgio, oriundo de Concordia, quien incluso asumió en tiempos en que Urribarri ya había dejado la Gobernación pero presidía la Cámara de Diputados de la provincia. Giorgio lo conocía perfectamente a Urribarri y a cada uno de los integrantes de su familia que vivieron y se aprovecharon de cada centavo de la política. Giorgio sabía de cada renglón de lo que escribía en los fundamentos de su fallo. Nadie tenía que contarle cuánto robó Urribarri de esta provincia y de la pobreza que profundizó en Concordia o en cada rincón de Entre Ríos. Los vocales Germán Carlomagno y Leonardo Portela quizás leyeron, escucharon y se enteraron algo más del desfalco millonario de Urribarri a través de los operadores políticos que tuvieron a sus alrededores en los últimos 30 años en Concepción del Uruguay y en Gualeguaychú y que propiciaron que cada uno ocupe un lugar en el Superior Tribunal de Justicia, más allá de la historia tribunalicia de cada uno. No obstante, se tendrán que hacer cargo de lo que fundamentaron en cada voto para lograr la libertad de Urribarri. Quizás nadie se lo recuerde a Carlomagno en Concepción del Uruguay, porque hace más de tres décadas que vive en Paraná, pero tal vez no suceda lo mismo con Portela en Gualeguaychú, donde concurre casi todos los fines de semana. Que ninguno de ellos se sorprenda si en la vía pública los ciudadanos comunes se lo enrostran en la cara.

Beneficiaron al hombre que más le robó al Estado en la historia entrerriana. Al que no le tembló la mano para apropiarse de fondos públicos para sus cuestiones particulares, para ser un dirigente millonario, con empresas, campos, inmuebles fastuosos, testaferros, viajes por el mundo. Los cálculos indican que Urribarri desvió más de 100 millones de dólares del Estado siendo gobernador y otros tantos millones como diputado provincial. Y nunca le importó nada. Ni las denuncias de algunos medios, ni las investigaciones judiciales (por lo cual tiene sobre las espaldas otras causas con seguras condenas por la cantidad de documentación obrante), ni la estrepitosa caída y licuación del peronismo entrerriano en estos últimos tiempos, donde existen no pocos referentes que aún lo siguen idolatrando, aunque no lo quieran decir públicamente. Pero los votantes saben quién es quién en esta provincia y dónde se posicionaron respecto del exgobernador en estos últimos tiempos.

Urribarri celebrará con una copa en alto, esta noche, en su mansión millonaria de calle Garat de Concordia, a escasas cuadras de las villas miserias, donde la gente solo come de la basura y de alguna asistencia social. Lo mismo hará su cuñado Juan Pablo Aguilera, que desde 2016 no va a trabajar al Senado entrerriano, pese a que cobra un sueldo de casi 5 millones de pesos mensuales en el bloque justicialista y fue el brazo ejecutor de los contratos truchos legislativos en los dos últimos gobiernos de Urribarri, por lo cual se desviaron más de 53 millones de dólares.

Seguramente habrá un antes y un después del fallo mayoritario de los vocales Portela (que quería mejorar la justicia desde su lugar de presidente) y Carlomagno. La gente no olvida. A veces es demasiado paciente y putea en silencio. Pero no olvida.

(*) Director de ANÁLISIS