“Entre Ríos tiene un exgobernador y dos exvicegobernadores condenados, pero ahora enjuicia a su fiscal anticorrupción”

No solo Urribarri, también dos ex vice: la lista de políticos entrerrianos condenados por corrupción. “Entre Ríos tiene un exgobernador y dos exvicegobernadores condenados, pero ahora enjuicia a su fiscal anticorrupción”. Así titula el diario La Nación un artículo en el cual deja planteado que, mientras se acumulan sentencias contra el poder político, el jury iniciado contra la fiscal Goyeneche “agitó fantasmas de intromisión”.

Jorge Riani, para La Nación

La reciente condena al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, que desató su renuncia como embajador en Israel y Chipre, es una situación que no resulta novedosa para los entrerrianos. La provincia tiene en su haber varios altos funcionarios con condenas por hechos de corrupción. Tal es el caso de dos exvicegobernadores peronistas: Domingo Daniel Rossi, por enriquecimiento ilícito, y Héctor Alanis, por peculado. Junto a este último fue condenado un senador radical por el mismo hecho, Humberto Re. A la lista se suman intendentes y legisladores.

Ese récord de los tribunales locales quedó ensombrecido en las últimas semanas por otras dos noticias judiciales: una fue la decisión de iniciar un jury contra la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien investigó a Urribarri. Tres de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor del jury son miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial y tienen fuertes vinculaciones con el poder político entrerriano: Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Martín Carbonell.

Los mismos fantasmas agitó el fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso, que en línea con la voluntad del kirchnerismo, dispuso una medida precautelar que le prohibió a Cristina Kirchner y Sergio Massa que envíen representantes del Senado y Diputados al Consejo de la Magistratura, contradiciendo lo que había dispuesto un fallo de la Corte Suprema de la Nación.

Luego de la condena por corrupción contra Urribarri, el caso del exvicegobernador Rossi es uno de los más significativos a nivel local. Sucede que, a pesar de tener una condena confirmada por la Corte Suprema de la Nación en 2009, Rossi es actualmente intendente de Santa Elena, una localidad fuertemente golpeada por el cierre de su frigorífico en 1993. Ese frigorífico fue cambiando de dueños desde que su creación en 1871 y en torno a él se desarrolló una ciudad-fábrica.

La Justicia condenó a Rossi por enriquecerse aún cuando la ciudad que gobierna no logra recuperarse desde que la pobreza asolara tras el cierre del gigante de la industria cárnica. Actualmente Rossi se encuentra gobernando por sexta vez la ciudad a pesar de que en dos mandatos municipales fue destituido antes de finalizarlos.

Rossi se vio beneficiado con una sentencia considerada benévola porque la condena fue a sólo tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos fue por ocho años, cuando el fiscal del juicio, José María Chemez, había pedido prisión efectiva de cuatro años e inhabilitación perpetua.

Hoy, Chemez es juez y fue quien presidió el tribunal que condenó recientemente a Urribarri a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de negocios incompatibles con la función pública y peculado.

Antes de Urribarri, que al momento de recibir la condena en esta primera instancia era embajador, otro dirigente entrerriano que ocupó el cargo de embajador recibió una sentencia contraria por un hecho de corrupción. Se trata de Raúl Taleb, exembajador en Cuba durante el gobierno de Néstor Kirchner, que tuvo una condena de tres años de prisión condicional por enriquecimiento ilícito perpetrado en tiempos en que era diputado provincial.

Con excepción de Rossi, que ahora integra un partido vecinal tras emigrar del justicialismo, ninguno de los dirigentes condenados se encuentra en la función pública.

Por dos motivos resulta paradigmático el caso del exsenador provincial justicialista Mario Yedro. En primer lugar, porque en 2005 se convirtió en el primer condenado por enriquecimiento ilícito en la historia entrerriana; y, en segundo lugar, porque la Justicia le decomisó un campo de 2164 hectáreas que pasó al fisco y donde el gobierno de Gustavo Bordet, junto con la delegación entrerriana de la Federación Agraria Argentina, creó una colonización social para veinte familias campesinas, dedicadas a la producción ganadera, apícola, hortícola y aromática.

A la saga de condenas a encumbrados dirigentes políticos no puede omitirse la que recibió el fallecido exintendente radical de Paraná Sergio Varisco, por causas derivadas del financiamiento de campañas políticas y el narcotráfico, y la del exsenador Abelardo Pacayut, que falleció cumpliendo prisión efectiva en la unidad penal por una condena por desvío de fondos del Aportes del Tesoro Nacional.

Además, en los tribunales de Paraná quedó pendiente de resolución una queja presentada por la defensa del exdiputado justicialista y secretario general de UPCN José Ángel Allende, que tiene cuatro causas penales, una de ellas por enriquecimiento ilícito. Allende había acordado en juicio abreviado una pena condicional y la devolución de dos propiedades para resarcir la sustracción de una suma de 1,2 millones de dólares, según estimación de la Justicia. Sin embargo, un juez frenó el juicio abreviado y esa resolución fue rechazada por la defensa técnica de Allende y por la procuradora adjunta, actualmente suspendida, Cecilia Goyeneche.

La suspensión de la procuradora adjunta en momentos en que se desarrollaba el juicio contra Urribarri agitó los fantasmas de intromisión política en la Justicia, hecho que en uno y otro poder del Estado desestiman valiéndose de dos situaciones: que Urribarri fue condenado, por un lado, y que Goyeneche fue llevada a jury por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes también denunciaron al exgobernador y exembajador condenado hace dos semanas.

No obstante, Goyeneche será sometida a un jury con el posible cargo de destitución. En diálogo con LN+, la funcionaria explicó que las acusaciones en su contra no comenzaron en el marco de la investigación al exgobernador provincial, sino en referencia a un proceso anterior vinculado a las maniobras de una organización montada para robar dinero de la Legislatura local a través de contratos falsos.

La discusión quedó centrada en dos aspectos. Por un lado, quienes no dejan pasar que Goyeneche era dueña de un fideicomiso, consistente en una inversión inmobiliaria, junto al contador Pedro Opromolla. Opromolla realizaba la gestión impositiva de los falsos contratistas y reclutaba a los prestanombres del esquema ilegal que funcionó en la Legislatura entre 2008 y 2018. Y por otro lado, Goyeneche afirma que todo se debe a una represalia política y destaca que entre quienes ratificaron el proceso en su contra se encuentra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, “que era abogada de Urribarri”.

Fuente: La Nación